Política

PRI se querella contra presidente y militantes del PC por presunta simulación de contratos

PRI se querella contra presidente y militantes del PC por presunta simulación de contratos
María Paz Núñez
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La querella criminal es contra quienes resulten responsables de haber suscrito contratos simulados entre septiembre de 2016 y marzo de 2017. En tanto, parlamentarios de Chile Vamos denunciaron al PC ante el Servel por los mismos hechos.

Un grupo de abogados del Partido Regionalista Independiente (PRI), encabezados por el abogado y secretario general de la colectividad, Eduardo Salas, presentaron esta mañana una querella criminal contra el presidente del Partido Comunista (PC), Guillermo Teillier, y los militantes José Ricardo Solé Cerda, Ricardo Enrique Castro Santis y Pablo Andrés González Araya, por los presuntos delitos de celebración de contratos simulados en la venta de un inmueble del partido por $3.500 millones, estafa y falsificación de documentos públicos, vinculado con el uso malicioso de instrumentos públicos falsos.

De acuerdo al texto de la querella, ésta también se extiende además "contra toda aquella persona que en curso de la investigación tenga algún grado de participación y vinculación en la comisión" de dichos delitos.

La querella se enmarca en los hechos ocurridos entre el 2 de septiembre de 2016 y marzo de 2017, cuando se habrían suscrito los contratos en la notaría de Juan Ignacio Carmona Zúñiga, ubicada en el centro de Santiago.

Según aseguró Eduardo Salas a T13.cl, en ese lugar "se realizaron una serie de actos contractuales de carácter simulado, se firmaron contratos simulados, la constitución de la sociedad el 2 de septiembre, la sociedad Progreso Spa, que en sí mismo es un contrato, decimos que es simulado porque no fue hecho para entrar al mercado de valores sino que fue creada para vulnerar la ley, los dirigentes del PC llamaron a estas personas militantes para que constituyeran esta sociedad con el objeto de que esta sociedad, otorgando un mandato a un gerente general en septiembre de 2016, le otorgó el poder para comprarle las acciones inmobiliarias al PC".

La querella además indica que la sociedad se habría realizado para cumplir con lo exigido por la nueva ley de partidos políticos, ya que "la mayoría de las propiedades de dominio del Partido Comunista de Chile no estaban siendo utilizadas para los fines proselitistas de carácter democrático y que la nueva Ley de Partidos Políticos exige perentoriamente que a lo menos los dos tercios de dichas propiedades deben ser consagrados para dichos fines".

Adicionalmente, acusan que los documentos fueron firmados para "eludir el imperativo legal", por lo que Teillier junto a otros militantes del PC -sostiene el libelo- "procedieron a distraer mediante la creación de sociedades y contratos simulados alrededor de cien propiedades pertenecientes a dicha colectividad política para ser trasferidos a la Sociedad Progreso SpA controlada por los militantes y dirigentes del Partido Comunista de Chile, José Ricardo Solé Cerda, Ricardo Enrique Castro Santis y Pablo Andrés González Araya".

Denuncia ante el Servel

Por su parte, diputados de Chile Vamos presentaron una denuncia contra el PC ante el Servicio Electoral (Servel) por los mismos hechos, acusando que la infracción "se produce mediante la suscripción de un contrato de compraventa simulado cuyo único fin es evadir la obligación legal. De esta forma, la infracción denunciada adolece de la mayor gravedad, al pretenderse evadir una obligación legal mediante un ardid jurídico como es la simulación ilícita de un contrato".

Al respecto, y tras presentar la denuncia, el diputado UDI Juan Antonio Coloma indicó que "hemos presentado un requerimiento ante el Servel en contra del PC por vulneración a la ley de partidos políticos, ya que, para evadir la ley aprobada en abril del año pasado, se realizó un evidente contrato simulado, cuyo único interés es burlar el verdadero espíritu de la ley".

En tanto, el parlamentario UDI Patricio Melero puntualizó que el PC "elude cumplir con la ley al simular un contrato de venta de sus bienes raíces a un militante, también comunista, que de acuerdo a sus ingresos no tiene cómo justificar una compra por $3.500 millones".

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