El modelo noruego para la crisis del Sename
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Política

El modelo noruego para la crisis del Sename

El proyecto de ley que crea el Defensor de la Infancia se encuentra en el Congreso y busca generar una legislación autónoma que fiscalice órganos del Estado y privados, pida explicaciones, cuestione y recomiende. La clave de este modelo pasa por intervenir las familias antes que los menores sean derivados a centros.

Por Mariajosé Soto,

En marzo de 2015, la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, María Estela Ortíz, viajó a Noruega para conocer experiencias internacionales en materia de infancia y adolescencia.

En ese mismo año, los resultados de la encuesta Casen evidenciaban en que Chile un 34,4% de los menores de edad viven algún tipo de pobreza. Es decir, casi un millón y medio de niños están en condiciones de vulnerabilidad y, de esos, más de 50 mil no se encuentran en un sistema educacional formal. Simplemente no van al colegio.

Esta semana la crisis reflotó con fuerza al interior del Gobierno y la Presidenta Michelle Bachelet encabezó una serie de reuniones con distintos actores para preparar anuncios sobre la materia.

Así, con cifras desalentadoras como la de 13 mil niños viviendo en centros residenciales con precarios estándares de seguridad, La Moneda se preparaba por esos días para presentar una batería de siete proyectos relacionados con la protección de los niños y adolescentes.

Y en Noruega, Ortiz conoció detalles de lo que finalmente se convertiría en un proyecto de ley para Chile: El Defensor de la Niñez, institución que el país europeo fue el primero en crear, en 1981. Años más tarde, prácticamente todo el continente emuló la iniciativa.

La norma noruega tenía una premisa básica: independencia, poder autónomo y capacidad de anticipación. La idea era poder generar una institucionalidad que fiscalizara y protegiera el cumplimiento de los derechos del niño. Que pudiese entrar a residencias, pedir documentos al Gobierno, cuestionar malas prácticas y también promover la prevención.

El Gobierno no tardó mucho en estudiar el modelo noruego e intentar reeditarlo en Chile, pero el problema eran los recursos. El tema no era prioritario para el Ministerio de Hacienda.

“Costó que el Gobierno lo enviara y nos costó varias gestiones con Hacienda, porque el problema era la discusión con presupuesto. Pero cuando se anunció, la Presidenta Bachelet dijo lo central: que habría financiamiento y que se necesitarán más recursos para tener presencia en regiones”, recordó el presidente de la comisión de Infancia del Senado, Patricio Walker (DC).

La iniciativa ingresó al Congreso en marzo de 2016. Y aunque en un principio no contó con grandes respaldos, ese mismo año comenzó una crisis que cambió por completo el orden de las prioridades: la muerte de Lissette Villa Poblete el 11 de abril, en el centro de protección Galvarino del Servicio Nacional de Menores (Sename), en la comuna de Estación Central.

Desde ese hito se evidenció una serie de falencias y precariedades del sistema. Meses más tarde, el tema terminó por instalar una preocupación transversal en el mundo político, y profundizó la sensación de crisis luego de revelarse la cifra de 1.313 niños y jóvenes muertos en residencias del Sename en los últimos 10 años.

Las urgencias de La Moneda

El proyecto que crea la Defensoría de los Derechos de la Niñez se aprobó en el Senado en general y particular, y ahora se encuentra en segundo trámite en la Cámara de Diputados.

En el legislativo saben que La Moneda pondrá urgencia a ese proyecto y a los otros dedicados a la infancia como parte de un paquete de medidas que dará a conocer Bachelet en los próximos días.

Esto, para contrarrestar el escándalo que generó en la opinión pública el rechazo al informe de la comisión Sename II, luego del lobby iniciado por los ministros para evitar un cuestionamiento a la ex secretaria de Estado, Javiera Blanco, (que lideró Justicia), quien a quien en el documento se acusaba de “negligencia inexcusable” en las graves condiciones en que se encuentran miles de menores de edad de centros del Sename.

Respecto al contenido del proyecto, Walker explica que “se basa en un 80% en la experiencia de la defensoría de la infancia noruega”.

De hecho, en noviembre de 2016 el Consejo de la Infancia elaboró una minuta en que se realizó un comparativo de ambas iniciativas.

En el caso chileno, el “Defensor de la Niñez” será un cargo designado por acuerdo del Senado, mientras que en el modelo europeo se nombra por un consejo de Estado en el que participa el Rey y el Primer Ministro.

Mientras en Chile el cargo tendrá una duración de ocho años, en Noruega son seis. En ambos proyectos se desempeñan con “con autonomía absoluta” de instituciones públicas, velan por el cumplimiento de la legislación local, promueven la Convención de los derechos del niño y todos los tratados internacionales, podrán pedir informes y antecedentes a órganos del Estado, emitir informes, recomendaciones, y no pondrán inmiscuirse en trámites judiciales pendientes.

Ambos consejos deberán presentar un reporte anual de su trabajo. 

Intervención en las familias

Otra de las iniciativas que el Estado ha estudiado con atención del caso noruego, y que se encuentran en la misma Defensoría de la Niñez, ha sido la idea de trabajar en la prevención de los casos de vulnerabilidad, entrando en las familias antes de que los menores sean derivados a centros del Sename.

La capacidad de la institución noruega de actuar en forma rápida y oportuna fue replicada al modelo chileno, comentó Juan Carlos Valdivia, jefe del área jurídica del Consejo de la Infancia. "Es un defensor especializado en niñez, con más agilidad que un órgano dedicado a la tramitación de juicios. Actúa antes y más rápido. Levanta temas de vulneraciones de Derechos Humanos de un país y que afectan a muchos niños", explicó.

El modelo noruego es similar al utilizado por la fundación Rodelillo, organismo que recibe aportes del Estado para desarrollar una intervención de 14 meses en los casos en que ha habido fallos de los tribunales de Familia y que esta semana fue blanco de acusaciones del diputado René Saffirio, por supuestos vínculos con operadores de la DC.

“Es mucho más caro enfrentar problemas ya existentes como delincuencia o drogadicción. La opción de intervenir y entrar en las familias, ayudar en los empleos, en organizar sus presupuestos, en la autoprotección en salud o en educación, ayuda a que las propias familias aprendan a hacerse cargo de sus hijos”, explicó la directora ejecutiva de la fundación, Macarena Currín.