Política

TC zanja debate y dice que parlamentarios no tienen inhabilidad para recibir créditos de BancoEstado

TC zanja debate y dice que parlamentarios no tienen inhabilidad para recibir créditos de BancoEstado
Ursula Schuler
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Tras la polémica instalada por los postulantes al Congreso, la entidad bancaria había delegado en el Tribunal Constitucional la interpretación de la ley que, aseguraban, impedía entregar créditos a los legisladores por tener contratos con el Estado.

A través de una declaración pública firmada por el presidente del Tribunal Constitucional, Iván Aróstica, la entidad se pronunció este viernes a favor de que el BancoEstado le otorgue créditos a los parlamentarios en ejercicio y postulantes al Congreso para financiar sus campañas políticas.

Esto, después que la entidad bancaria estatal se negara a entregar fondos a los candidatos y declarara en reiteradas oportunidades que estaba impedida por la Constitución, ya que, argumentaron, los parlamentarios no podían celebrar contratos con el Estado. En medio de la polémica, BancoEstado había dejado en manos del TC el camino a tomar. 

En este contexto, Aróstica señaló en la declaración pública que "un contrato de crédito bancario de este tipo, regulado especialmente y afecto a fines exclusivos de financiamiento de campaña, tema cuyo control y fiscalización corresponde al Servicio Electoral, claramente no es de aquellos contratos celebrados con el Estado a los cuales se refiere el artículo 60 de la Constitución, que pueden inhabilitar y hacer cesar en el cargo a un parlamentario en ejercicio".

El TC advirtió también que sólo ellos pueden declarar la inhabilidad de un parlamentario para recibir los créditos y que "no habiéndose aperturado un proceso por alegaciones de inhabilidad respecto de algún parlamentario en concreto y por ende no existiendo sentencia que la declare, no corresponde ni procede jurídicamente dar por establecida inhabilidad alguna".

Junto con lo anterior, el Tribunal detalló que para sentenciar inhabilidad debe cursarse una solicitud del Presidente de la República o de por lo menos un grupo de diez parlamentarios. Además, este pronunciamiento sería en casos particulares sobre diputados o senadores en específico.

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