Gobierno trabaja en proyecto de ley para crear el Centro Automatizado de Infracciones de Chile

Chile utilizará los sistemas que hoy emplean países como Francia o España para reducir el número de muertes en las carreteras producto de accidentes de tránsito.

Como toda metrópoli de un país desarrollado, París anda a mil por hora, pero no sus automovilistas.

En 2001, 7.655 franceses se mataron en calles y carreteras por exceso de velocidad o pasarse la luz roja. Hoy Francia puede jactarse de haber reducido esa cifra en un 51%. ¿Cómo?, instalaron fotorradares en los puntos más peligrosos de sus autopistas y, como efecto disuasivo, les avisan a los conductores dónde están para que no excedan los límites. Aún así se cursa 1 infracción cada 5 segundos.

Las fotografías que toman a las patentes de los infractores los 2.840 radares instalados de manera fija o móvil en las carreteras galas, son procesadas en el Centro Nacional de Tratamiento de Infracciones, ubicado en la ciudad de Rennes, a 400 kilómetros de París. Es aquí mismo también donde un policía actúa como ministro de Fe para validar la falta y, posteriormente, las multas son enviadas - por correo - a las casas de quienes pasaron con luz roja o manejaron muy rápido. Si el ciudadano tiene dudas puede apelar.

En España funciona un sistema similar. Hoy mueren un 56 % menos de personas en carreteras que en 2003. Además pueden presumir de eficiencia: bajaron de 50 a 7 días el tiempo de notificación de las infracciones que captan los radares.

El Gobierno ya trabaja en el proyecto de ley que busca crear el Centro Automatizado de Infracciones de Chile, que administre los fotorradares y procese las multas para que - como ocurrió en 2010 - no se maten 924 chilenos en las carreteras.

Aquí también la ubicación de los radares sería de público conocimiento y el dinero recaudado se invertiría en mejoras viales, todo para evitar suspicacias como las que tuvieron entre 1997 y 2001 los chilenos cuando estos "cazabobos" estaban en las calles en manos de los municipios. El texto sería enviado antes de octubre al Congreso.

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