La UDI salió al paso de los cargos formulados por la Contraloría General de la República en contra de siete generales activos del Alto Mando de Carabineros que se basa en que "no habrían garantizado el cumplimiento de los 'protocolos del uso de la fuerza' contenidos en los manuales internos” durante los protestas que comenzaron a producirse en Chile luego del 18 de octubre de 2019.
Desde el partido gremialista calificaron este hecho como algo “gravísimo”, y aseguraron que la entidad fiscalizadora superior del país no tiene las facultades suficientes para regular el uso de la fuerza de Carabineros.
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“Esta es una atribución que excede las potestades que la ley le otorga a la Contraloría, entidad que está llamada a pronunciarse sobre los actos administrativos del Estado y no sobre la manera en que las policías ejercen su función policial en el mantenimiento y control de la seguridad pública. Además actúa como juez y parte en este caso, sin permitir que los carabineros notificados tengan la posibilidad de defenderse”, dijo la presidenta del partido Jacqueline van Rysselberghe.
“Sería bueno que en la Contraloría dejen un rato sus oficinas y vayan a conocer en terreno el complejo trabajo que debe realizar Carabineros para mantener el orden público en las calles, enfrentados a grupos de violentistas que los atacan sin contemplación”, agregó la senadora.
Los carabineros involucrados en la acusación son el general inspector, Ricardo Yáñez Reveco (director Nacional de Orden y Seguridad), los generales inspectores Jorge Valenzuela Hernández (director Nacional de Apoyo a las Operaciones Policiales) y Mauricio Rodríguez Rodríguez (jefe de la Zona Metropolitana), además de Enrique Bassaletti Riess (jefe de Zona Santiago Este), Enrique Monrás Álvarez (jefe Zona Santiago Oeste), Hugo Zenteno Vásquez (jefe V Zona Valparaíso) y Jean Camus Dávila (director de Logística).
“Me parece una situación muy delicada, porque la Contraloría se está atribuyendo funciones que le corresponden a los tribunales de justicia. Son estos últimos los llamados a investigar y establecer sanciones en caso que se detecten irregularidades en el actuar policial al momento de controlar el orden público”, puntualizó van Rysselberghe.
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Pese a la investigación llevaba a cabo por contraloría, desde el gobierno han respaldado el trabajo de la institución policial que, a fines de 2019, fue criticada por organismos internacionales como Amnistía Internacional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros.
“Si se llegan a cursar estas sanciones, se instalará un precedente nefasto respecto a la injerencia de la Contraloría en funciones tan sensibles como las que ejercen las policías para enfrentar la delincuencia y la violencia”, insistió la presidenta de la UDI.