Durante esta jornada se dio a conocer la decisión del directorio de la Bolsa de comercio de Santiago y del comité de Buenas Prácticas, en torno a no proponer nuevas sanciones ante el caso Cascadas, luego de la millonaria multa determinada por la Superintendencia de Valores.
Mediante un comunicado, Juan Andrés Camus - presidente del directorio- expresó la postura del comite de Buenas Prácticas, deteminando que no corresponde extender las acciones realizadas por la SVS, en vistas que la justicia ordinaria está investigando las irregularidades.
En esa línea, Camus señaló que "la Bolsa se ha apegado estrictamente a la institucionalidad. Coincidimos en que las malas prácticas deben ser sancionadas, pero esta investigación aún no ha concluido y la Bolsa no realizará ningún otro proceso en paralelo. La imposición de las multas es la conclusión de una etapa del proceso para entrar en otra, en el ámbito de los Tribunales de Justicia, que es la instancia donde se conocerá la sentencia definitiva",
"Este es un tema que preocupa muchísimo a nuestra institución y consideramos los hechos denunciados extremadamente graves y por ello hemos impulsado acciones concretas para promover la transparencia del mercado", destacó.
A la vez, se detalla que el comité de Buenas Prácticas respondió a un requerimiento de Camus que "se debe considerar que tanto la Superintendencia como la Bolsa pueden aplicar sanciones por infracciones a las leyes, las normas impartidas por la Superintendencia, los Estatutos y la reglamentación interna de la Bolsa".
"Sin embargo, en virtud del principio de non bis in ídem, entendemos que la Bolsa se encuentra impedida de aplicar nuevas sanciones por infracciones a las referidas normas, en tanto esas conductas estén o hayan sido conocidas y juzgadas administrativamente por la Superintendencia".
En este contexto, expuso que "si la Bolsa entrare a conocer de los mismos hechos objeto de la Resolución Exenta N°223, debería analizarlos a la luz de las mismas normas que ha interpretado y aplicado administrativamente la Superintendencia y las sanciones que podría eventualmente aplicar se superponen con las impuestas administrativamente. El Comité estima, en consecuencia, que no existen razones que justifiquen el inicio de un procedimiento de investigación".
