La instancia aprobó el informe de la Comisión de Derechos Humanos, la cual investigó las supuestas irregularidades en el proceso de aprobación de la cuestionada iniciativa hidroeléctrica.
En 10 puntos, el informe entregado por el diputado Sergio Ojeda (DC), manifiesta en sus resoluciones que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental vigente adolece de un conjunto de fallas o debilidades que permiten que megaproyectos como el de HidroAysén no sean evaluados con la rigurosidad que las eventuales consecuencias de su aprobación o desarrollo implican.
Menciona entre dichas carencias, que las instancias de decisión están compuestas solamente por funcionarios de gobierno, no existe un reglamento expreso de inhabilidades y tampoco procedimientos institucionales eficaces y oportunos que tomen en cuenta las opiniones y observaciones de las comunidades afectadas.
En ese marco, el informe sostiene que "el gobierno anterior como el actual decidieron, a rajatabla, tramitar este proyecto, con intervención directa incluso de los ministros del Interior, lo cual representa una intromisión indebida, por la presión que representa para todos los funcionarios del gobierno involucrados en la cadena de decisiones".
Agrega que "HidroAysén ha actuado de un modo inaceptable, desarrollando un conjunto de acciones manifiestamente repudiables: presión y entrega de prebendas a comunidades afectadas; traspaso de ingentes recursos a municipios cuyos alcaldes debían opinar acerca del proyecto".
Se pide además reportar a la Contraloría General de la República al conjunto de funcionarios, especialmente aquellos que ostentan cargos de jefatura, a nivel local, regional o nacional, que participaron de actos que contravienen las normas, para que determine las responsabilidades funcionarias, estableciendo, a futuro, una normativa que inhiba estas conductas.
Se afirma además que "la decisión de construcción de la central HidroAysén entra en colisión con tratados internacionales suscritos por el país, los cuales priman sobre la ley común"; y se recomienda legislar a favor de formas más eficientes de participación ciudadana y, a falta de ellas, que se legisle a favor de plebiscitos de alcance local, vinculantes.
El informe sostiene que "como resulta evidente que el proyecto HidroAysén es una sola unidad indisoluble (generación y transmisión), esta Comisión recomienda que se paralice la construcción y operación de todas las obras de las centrales aprobadas, mientras no se resuelva el proyecto de la línea de transmisión, atendido la irreversibilidad de los impactos que el proyecto podría causar en la Patagonia y Región de Aysén".
Se subraya además que el proyecto está transgrediendo el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, consagrado en el artículo 19, número 8 de la Constitución, afirmándose que "el Estado no está velando para que este derecho no sea afectado y no está tutelando la preservación de la naturaleza, como lo manda la carta fundamental". (UPI)
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