A través del dictámen 65065 la Contraloría General de la República respondió la solicitud del director del Instituto Nacional de la Juventud, Nicolás Preuss, quien pidió un pronunciamiento sobre la legalidad de la resolución exenta N°888 de 2014 de ese servicio que adjudicó la licitación por un servicio de difusión, desarrollo y estrategia comunicacional, la que fue entregada a la empresa Paréntesis Comunicaciones.
Dicho concurso público generó polémica a fines de julio cuando se cuestionó que la empresa que se adjudicó la licitación fuese propiedad de Sebastián Iglesias, miembro del movimiento del ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco, al que también adhiere el director del Injuv, Nicolás Preuss.
Frente al requerimiento, sin embargo, la Contraloría dijo que "esta entidad de control debe abstenerse, en esta oportunidad, de informar respecto de la petición efectuada por el director nacional del Injuv". La razón entregada por la Contraloría es que hubo "falta de precisión en la petición" y que no se acompañó el informe jurídico ni los antecedentes respectivos del caso.
"La presentación de que se trata no precisa cuáles son los aspectos del referido acto administrativo que se encontrarían en entredicho desde el punto de vista de su juricidad, ni tampoco en qué consistirían los cuestionamientos respectivos", sostiene el dictámen. "Es pertinente señalar que las consultas que se formulan a esta institución fiscalizadora deben remitirse acompañadas del correspondiente informe jurídico y de todos los antecedentes necesarios para resolver" dice el texto emitido por Contraloría.
Desde el Injuv, tras recibir el dictamen de la Contraloría, los datos requeridos por el órgano fiscalizador fueron reenviados con fecha 29 de agosto. En tales documentos, se explican los detalles y se entregan antecedentes sobre el mencionado proceso de licitación.
Desde el organismo se encuentran a la espera del pronunciamiento de la Contraloría con los nuevos antecedentes aportados.
