Esta semana la Fundación Avanza Chile reveló su "Análisis de la agenda de seguridad 2014-2018", un documento de catorce páginas en las que se analiza el plan "Seguridad para Todos" anunciado por la Presidenta Michelle Bachelet en agosto de este año.
El centro de estudios dirigido por el ex ministro del Interior Andrés Chadwick valora el sentido continuista del plan y establece que en él "se reconocen los avances y aprendizajes alcanzados durante las últimas décadas" en materia de aumento de dotación de policías o la elaboración de planes especiales en barrios críticos, pero realiza una crítica a los acentos con los que la administración actual diseñó la política pública en seguridad para los próximos cuatro años.
Metas poco ambiciosas
Según el informe presentado por Avanza Chile, los planes de seguridad pública implementados por el presidente Sebastián Piñera entre 2010 y 2014 redujeron la victimización por robos con fuerza en viviendas en un 20,8% y en el caso de los robos violentos la cifra disminuyó en 33,9%. Para ambos casos, el nuevo plan de Bachelet se establece expectativas de reducir los índices en un 10%.
Énfasis equivocado en policías
La fundación que cuenta con ministros de la administración Piñera en su directorio considera positiva la inclusión en el proyecto de un aumento de los efectivos policiales, pero considera que deberían ser retomadas las iniciativas de ley impulsadas por el gobierno anterior como el control de identidad preventivo, el estatuto de protección a las policías y el proyecto de resguardo del orden público, cuyo principal promotor fue el entonces ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
Falta de foco en terrorismo
Otra de las faltas que considera Avanza Chile en el plan del gobierno para la seguridad pública durante los próximos cuatro años, es la inexistencia de una política dedicada a la prevención del terrorismo, tema que se toca "sólo tangencialmente a través de la modernización del Sistema Nacional de Inteligencia".
Además, en el informe se establece que la situación difiere con la "intensa agenda" impulsada entre los años 2010 y 2014, período en el que se hicieron cambios a la ley Antiterrorista, aunque se rechazaron indicaciones que ampliaban las facultades del ministerio Público. Sobre esto la fundación señala en el documento que "estas facultades probablemente serán similares a las que se propondrán ahora por el gobierno, pero con una actitud reactiva y no proactiva".
Costos y congelación de proyectos
Finalmente, el análisis de la organización expresa su preocupación por los costos del plan "Seguridad para Todos", que durante el lanzamiento el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo cifró en 1.200 millones de dólares para los cuatro años. La administración anterior, dice el documento, gastó sólo 260 millones de dólares en ese mismo período.
Por último, el informe cuestiona la congelación de proyectos enviados al Congreso por Piñera, que ya tenían algún grado de avance legislativo y se corresponden con los lineamientos de la agenda de seguridad pública de Bachelet como las modificaciones al Servicio Nacional de Menores y aquel que modifica el Código Procesal Penal.
