El 15 de septiembre los parlamentarios de la oposición, Diego Paulsen y Marcela Sabat, ambos de RN y miembros de la comisión investigadora del caso Caval, llegaron hasta La Moneda solicitando que se realizara un sumario interno debido al borrado de los archivos del computador que utilizaba Sebastián Dávalos mientras ejercía como director sociocultural de la Presidencia.
Según informa La Tercera, el gobierno emitió un oficio de respuesta a la Cámara de Diputados, el cual se encuentra firmado por la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), afirmando que se desestima la solicitud efectuada.
"Erróneamente los diputados presumen que toda la información que obra en los computadores de los funcionarios debe ser respaldada una vez que éstos dejan sus funciones, lo que no se condice con la normativa que regula esta materia", se indica en el escrito.
Además, se sindica que “conforme a dicho marco jurídico, los órganos del Estado cuentan con el deber de respaldar la información crítica para las funciones del servicio. No existe el deber de respaldar la información personal de los funcionarios almacenada en los equipos una vez que dejan la institución”.
Marcela Sabat lamentó al matutino la respuesta desde La Moneda y sostuvo que “desestimar una investigación a priori lo único que hace es aumentar las sospechas y fortalece nuestra convicción de que se quieren ocultar irregularidades”.
