Antes de que el miércoles se conociera el fallo del Tribunal Oral en Lo Penal de Temuco anunciara la absolución de los 11 imputados por la Fiscalía por la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, las defensas se planteaban la opción de demandar al Estado.
Ya conocida la sentencia, empiezan a materializarse estas intenciones.
Manuela Royo, la abogada de Sergio Tralcal Quidel, Hernán Catrilaf Llaupe y Sabino Catrilaf Quidel, asegura que han comenzado a planear la presentación de la acción judicial.
“Siempre lo conversamos. Porque para nosotros eran un hecho que serían absueltos, porque era imposible que probaran algo que no habían hecho. Esto es un proceso. Ahora tenemos que encontrar las pruebas que nos permitan acreditar el daño que se ha generado y presentar argumentos sólidos”, dice la defensora
Royo todavía no habla de tiempos. Sabe que primero la sentencia tiene que quedar a firme y ejecutoriada y, subraya, que el plazo de prescripción para su moción es de cuatro años.
“Tenemos que confeccionar los peritajes, esto no es algo de un día para otro”, añade.
Sí está claro que pedirán una compensación por el tiempo que estuvieron presos (un año y siete meses), por el daño sicológico y material que les produjo.
“Existe una responsabilidad extracontractual por parte del Estado, tras la actitud arbitraria de la Fiscalía. Nuestra intención es solicitar un resarcimiento acerca del daño moral que genera este tipo de acciones. El daño emergente, el lucro cesante, que corresponde a la plata que dejaste de ganar y la que podrías haber ganado si no hubieses estado privado de libertad”, asegura Royo.
No habla de los montos involucrados, pues estos son decididos por los tribunales.
Respecto del resto de los ocho comuneros mapuches absueltos, la abogada no se refiere. “Eso es algo que tiene que ver cada uno con sus defensas”, sentencia.