Un llamado realizará en las próximas horas el presidente del Consejo Directivo del Servel, Patricio Santamaría al ministro de Justicia, Jaime Campos. El objetivo: abordar las diferencias entre ambas instituciones a raíz del fallo de la Corte Suprema que ordenó tomar medidas para asegurar el derecho a sufragio de internos de Arica, Iquique, Antofagasta, Puerto Montt y Punta Arenas el próximo 19 de noviembre.
Una polémica que se ha intensificado a solo cinco días de la elección, y donde todo apunta a que el dictamen del máximo tribunal no podrá cumplirse.
"A días de las elección, no tengo conocimiento que el Servel haya resuelto instalar mesas al interior de esos recintos, pero no es un problema nuestro, eso es un problema de competencias del Servel", dijo enfático esta mañana el titular de Justicia.
Y es que, de acuerdo a la interpretación del gobierno, es el Servel el que debe habilitar mesas en los recintos donde se encuentran los presos que fueron autorizados para sufragar por la Suprema. Una postura completamente opuesta a la del organismo electoral, que sostiene que la ley no los faculta para constituir nuevas mesas, y que debe ser Gendarmería la que traslade a los reos a sus respectivos locales de votación.
"Quien tiene que ver con la implementación de todo el sistema electoral en Chile es un ente autónomo del gobierno que se llama Servel. Nosotros como Ministerio de Justicia, y particularmente Gendarmería, lo hemos dicho y reiterado, que si el Servel quiere instalar mesas al interior de los recintos penitenciarios, nosotros estamos dispuestos a darles todas las facilidades del caso para que ello ocurra", remarcó Campos, quien aprovechó de recordar que así como la Suprema validó el voto de los reos de estos penales, rechazó los requerimientos de internos de otros recintos.
Por el contrario, Santamaría señaló que "por ley tenemos un sistema que establece como se constituyen las mesas y en eso no está la posibilidad de generar mesas especiales".
El presidente del Consejo Directivo remarcó que en "aquellos fallos en que se establece que se tienen que tomar medidas para garantizar el derecho a sufragio lo que hemos hecho es constatar que efectivamente están en las mesas receptoras de sufragio respecto de su domicilio electoral, y está garantizado su derecho a sufragio. Eso es lo que le corresponde al Servel".
"Ellos lo que tienen suspendido es la libertad de tránsito. Obviamente, como la ciudadanía entenderá, Ir q buscar a personas privadas d e libertad y llevarlas a un local de votación eso es obligación de otra repartición del Estado", remarcó.
Posibles cambios legales
En lo que sí han coincidido tanto el gobierno como el Servel es en la necesidad de impulsar cambios legales. Ante la falta de una ley, los casos de los reos han quedado a criterio de los jueces, quienes han determinado diferentes decisiones frente a casos similares, de acuerdo a la composición de las salas que han visto los casos.
"Vemos casos de personas que por diversas razones están suspendidos o inhabilitados de transitar a los locales de votación. Respecto de eso vamos, sin duda, una vez que termine la elección o el próximo año conversar alguna propuesta con el Ejecutivo y los legisladores de tal manera de poder avanzar y garantizar el derecho de las personas que se señalan", afirmó Santamaría.
Campos, por su parte, admitió que "mi impresión es que faltan normas, falta ley, falta reglamento, y desgraciadamente esto -de parte del Servel o de parte de toda la institucionalidad chilena- no se dictaron antes de esta elección. Y por ende, lo más probable, es que ese derecho no se va a cumplir en esta ocasión. Y confío que la norma se dicte respecto de los próximos procesos eleccionarios".
Una de las alternativas -de acuerdo a la legislación comparada- es habilitar urnas móviles. Un mecanismo que, además, permitiría resolver la situación de personas postradas.