El presidente Sebastián Piñera junto a la ministra de Educación, Marcela Cubillos, firmaron el proyecto de ley "Aula Segura" que busca expulsar a los alumnos involucrados en actos de violencia al interior de establecimientos educacionales

"No podemos hablar de educación de calidad, ni siquiera podemos hablar de educación si no se respetan las normas más básicas de la convivencia y de la civilidad propia de cualquier comunidad", señaló Piñera. 

Junto con eso, el Presidente aseveró que "como gobierno, no vamos a tolerar más esta situación y vamos a tomar las medidas que sean necesarias para que la paz, la tranquilidad y el ambiente propicio para la enseñanza y la educación regresen a nuestras escuelas". 

Además, Piñera aseguró que como gobierno van a perseguir "con toda la fuerza de la ley a aquellos delincuentes y violentistas que disfrazados de estudiantes, sin respetar a nada ni a nadie, pretenden causar un clima de terror".

Presidente Piñera firmó el proyecto junto a la ministra Cubillos.

¿En qué consiste el proyecto?

El proyecto busca modificar el DFL N° 2 de 1998 del Ministerio de Educación, este cambio permitirá que, ante hechos graves de violencia, el director del establecimiento podrá tomar la decisión de expulsión o cancelación de la matrícula. Esta decisión deberá ser notificada por escrito al estudiante afectado y sus padres o apoderados, según corresponda.

Se podrá pedir la reconsideración de la medida dentro del plazo de cinco días contados desde la respectiva notificación, ante la misma autoridad, quien resolverá previa consulta al Consejo de Profesores, el que deberá pronunciarse por escrito. Sin embargo, la interposición de la referida reconsideración no suspenderá los efectos de la expulsión y/o cancelación de la matrícula.

El procedimiento de expulsión o cancelación de matrícula se aplicará a los alumnos que en un establecimiento educacional hubieren incurrido en alguna de las siguientes causales:

  • Uso, posesión, tenencia y almacenaje de armas u otros elementos destinados a causar daño al establecimiento o a los miembros de la comunidad educativa
  • Envío, activación, lanzamiento o detonación de bombas o artefactos explosivos
  • Agresiones físicas graves que produzcan lesiones a cualquier miembro de la comunidad educativa. En especial aquellas realizadas a docentes, asistentes de la educación y manipuladoras de alimentos.
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