El gobierno hondureño nombró la noche del martes una comisión para depurar la policía de sus miembros que pudieran estar vinculados con el crimen organizado y el asesinato del zar antidrogas, Arístides González, anunció el presidente Juan Orlando Hernández.
En una comparecencia de radio y televisión, acompañado en una mesa de ministros, autoridades del Congreso, el poder Judicial y embajadores de los países cooperantes, Hernández anunció que la comisión la integran la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Vilma Morales; el pastor evangélico Alberto Solórzano y el activista de derechos humanos, Omar Rivera.
Los tres "están haciendo patria al aceptar este tremendo reto", destacó el mandatario, a quien el Congreso le aprobó el pasado 8 de abril como una "emergencia y seguridad nacional la depuración de la Policía Nacional por el término de doce meses".
El gobierno decretó la emergencia luego que la prensa revelara que altos mandos de la policía planificaron y ejecutaron el asesinato del director de lucha contra las drogas, Arístides González, el 7 de diciembre de 2009 a petición de un capo de la droga.
Luego mandaron a matar al fiscal Orlan Chávez el 18 de abril de 2013 y al exasesor del ministerio de Seguridad, Alfredo Landaverde, el 8 de diciembre de 2014.
Hernández advirtió que no se debe permitir que desde el Estado se atente contra la ciudadanía.
El gobierno viene luchando desde 2012 por sacar de la policía a miembros de bandas de secuestradores, narcotraficantes, roba carros y extorsionistas, para lo cual nombró la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP), pero no ha podido alcanzar el objetivo por las dificultades para poder probar los crímenes.
Sin embargo, con el decreto de emergencia el gobierno espera sacar en corto plazo de filas policiales a más de 1.000 miembros, entre altos oficiales, mandos intermedios y tropas, sospechosos de cometer delitos.
