AFP
El juez Mario Carroza ordenó este martes la detención de siete militares en retiro del Ejército por su vinculación en el Caso Quemados, ocurrido el 2 de julio de 1986 en el que murió el fotógrafo Rodrigo Rojas y resultó herida Carmen Quintana, tras ser roseados con combustible y luego quemados vivos.
"El juez Mario Carroza dictó las órdenes de detención para siete exoficiales y exsuboficiales en retiro del Ejército por la muerte del fotógrafo Rodrigo Rojas Denegri el 2 de julio de 1986", según informó una fuente del Poder Judicial a la AFP.
Las órdenes de detención son para los exmilitares Luis Zúñiga, Francisco Vásquez, Sergio Hernández, Julio Castañen, Iván Figueroa, Nélson Medina, Jorge Astengo. Cuatro de los exuniformados ya fueron detenidos, pero sus identidades no fueron reveladas.
El magistrado emitió la orden en el marco de la reapertura de este emblemático caso en 2013, y luego de recibir el testimonio de Fernando Guzmán, un exconscripto quien habría presenciado el asesinato de Rojas Denegri, y que habría roto un supuesto pacto de silencio que acordaron los militares involucrados en el crimen.
Rojas Denegri murió a sus 19 años en medio de una protesta en contra del régimen de Pinochet en Santiago, luego de ser detenido por una patrulla de militares cuando tomaba fotografías junto a la estudiante Carmen Quintana (18).
Ambos fueron golpeados, luego rociados con gasolina y se les prendió fuego. El fotógrafo murió luego de una agonía de cuatro días por la gravedad de sus heridas, mientras que la estudiante sobrevivió pese a tener el 62% de su cuerpo quemado, tras recibir tratamiento médico en Chile y Canadá.
El caso tomó relevancia internacional ante la crueldad con la que fueron quemados ambos jóvenes, quienes se transformaron en un símbolo de los derechos humanos y la lucha en contra de la dictadura.
La Corte Suprema de Chile condenó en 1993 a 600 días de cárcel a Pedro Fernández, oficial a cargo de la patrulla militar involucrada en la muerte del fotógrafo, mientras que en el 2000, un tribunal ordenó pagar a Carmen Quintana una indemnización cercana a los 500.000 dólares.
La dictadura de Pinochet dejó 3.200 muertos y más de 38.000 detenidos y torturados, según datos oficiales.
