El 24 de octubre pasado, a través de un escrito de una carilla, el presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmestch, se inhabilitó de conocer la causa de los funcionarios de la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC) que demandan pasar del sistema previsional de AFP a Capredena, mecanismo que rige para las Fuerzas Armadas.
La razón que motivó al presidente del máximo tribunal es que una de sus hijas, María Gabriela Dolmestch Ulloa, es una de las demandantes en la causa.
Dolmestch Ulloa es funcionaria de planta de la DGAC y pertenece a la institución desde 1999. En el sitio de transparencia de la entidad aparece como técnico aeronáutico de control de tránsito aéreo.
La hija del ministro es una de los 1.331 funcionarios de la institución que actualmente está en AFP y que pretende pasar a Capredena.
De concretarse el cambio, la pensión de los nuevos afiliados al sistema de reparto sería en promedio cercana a los $70 mil, mientras que en el sistema de AFP bordearía los $210 mil.
En este contexto, los funcionarios habían recurrido en varias ocasiones ante la Contraloría General de la República, pidiendo el cambio desde las AFP a Capredena. Sin embargo, el organismo contralor ha negado en varias ocasiones su demanda, aludiendo a normas vigentes.
Esto gatilló la decisión de los funcionarios de recurrir ante los tribunales.
Revisa aquí el documento con que se inhabilitó Dolmestch
Este miércoles, el caso escaló luego de que el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, anunciara que el organismo que encabeza presentó una contienda de competencia ante el Senado para que dirima si es la Contraloría o la Corte Suprema -donde se encuentra actualmente la causa- quien debe definir el traspaso de los funcionarios desde el sistema de AFP a Capredena.
Ello ya que la Corte de Apelaciones de Santiago dio luz verde a ese traspaso. La causa se encuentra ahora en la Cuarta Sala de la Corte Suprema -que ve temas laborales- para ser vista y resuelta, pero la petición de Contraloría busca que el Senado tramite la suspensión del juicio.
La Cuarta Sala es presidida por el ministro Ricardo Blanco y la integran los ministros Gloria Ana Chevesich, Andrea Muñoz y Carlos Cerda, mientras que el cupo de Pedro Pierry se encuentra vacante.
El costo del traspaso de los dos mil funcionarios de la DGAC al sistema previsional Capredena alcanzaría unos $250 mil millones a un plazo de 30 años, de acuerdo a información entregada por el contralor Jorge Bermúdez. En tanto, de acuerdo a datos del Ministerio de Defensa, la llegada de los funcionarios a Capredena le significaría al fisco desembolsar cerca de $900 mil millones.
