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Abbott defiende procedimiento abreviado a Martelli y descarta "trato distinto"

El jefe del Ministerio Público aseguró que estrategia adoptada "se inscribe en el marco posible". Audiencia será el viernes 23 de junio.

Crédito: Agencia Uno
Abbott defiende procedimiento abreviado a Martelli y descarta trato distinto

Como "perfectamente posible" definió este martes el fiscal nacional Jorge Abbott la solicitud de procedimiento abreviado presentada ayer por la Fiscalía respecto a la causa que investiga al ex recaudador político, Giorgio Martelli.

"Dentro del sistema procesal chileno hay formas de lograr resoluciones y una de las formas es el procedimiento abreviado, que significa que la o las personas acusadas reconocen los hechos de la invectigación y el tribunal debe resolver y aplicar las penas que correspondan", explicó Abbott.

El jefe del Ministerio Público justificó además que "no hay ningún trato distinto puesto que esto se inscribe en el marco posible".

"Es un procedimiento absolutamente habitual", enfatizó.

Luego de que el 8º Juzgado de Garantía de Santiago aprobara la solicitud para realizar una audiencia en que se discuta el procedimiento abreviado, esta se desarrollará el próximo 23 de junio a las 13:30.

Lo anterior implica que el autodenominado "operador político" reconocerá su participación en los hechos investigados. Como contraparte, el Ministerio Público no podrá pedir una pena de cárcel. Fue este mismo beneficio el que recibió la contadora Clara Bensán, investigada por su presunto rol como recaudadora de la campaña de Eduardo Frei, y el ex senador Jovino Novoa, investigado por el Caso Penta. 

De acuerdo a los antecedentes planteados durante la formalización de Martelli, realizada en septiembre de 2015, el geógrafo se "concertó" con Patricio Contesse entre los años 2012 y 2013 para extraer dineros de SQM para realizar “pagos irregulares” a la empresa Asesorías y Negocios, por un monto de $245 millones, a través de un total de 23 facturas. El Ministerio Público cifró el perjuicio fiscal de estos hechos en un total de $49 millones. Estos hechos, agregó, constituirían los delitos de apropiación indebida,  otorgamiento de contratos simulados en carácter “reiterado y consumado”.

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