Según informa La Tercera, durante la última fiscalización a relizada colegios, la Superintendencia de Educación encontró que tres profesores, inhabilitados para trabajar con menores por estar condenados por delitos sexuales, se encontraban ejerciendo sus labores con normalidad.
De los profesores en tal situación, dos de ellos lo hacían en la región de Arica y Parinacota, y otro de ellos en La Araucanía.
En declaraciones al mismo medio, el superintendente de educación escolar, Alexis Ramírez, sostuvo que "los sostenedores de los establecimientos educacionales tienen la responsabilidad de chequear los antecedentes de todo el personal contratado o que presta funciones en el establecimiento. Esto quiere decir que deben exigir el certificado de antecedentes y hacer la consulta al Registro de Inhabilidades del Registro Civil. Si por cualquier razón no pueden hacerlo, pueden pedir a la superintendencia que lo haga".
Para la fiscalización, la superintendencia cruza los RUT de los profesores con los del listado de inhabilidades del Registro Civil y los establecimientos donde se detectan los fallos arriesgan multas de entre 500 UTM y 1.000 UTM.
En la tarea, que se realiza desde 2013, se han detectado 53 inhabilitados realizando labores relacionadas con la educación.