Según la máxima instancia de Derechos Humanos de la ONU, tres cuartas partes de los acusados no participaron en el juicio, lo que impidió que ejercieran su derecho a la defensa, algo que tampoco pudieron hacer sus abogados, en el caso de los que contaban con uno.
Los condenados fueron acusados de ser miembros de una organización ilegal, incitación a la violencia, vandalismo, asociación ilegal y el asesinato de un policía.
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