"Dicha ejecución parece ir en contra de la octava Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que establece que no se deben infligir castigos crueles e inusuales", señaló Rupert Colville, portavoz del ACNUDH.
"El de Lockett es el segundo caso de sufrimiento extremo reportado en lo que va de año y causado por el mal funcionamiento de las inyecciones letales", agregó.
Ante esto, se solicitó revisar a las autoridades de Estados Unidos las drogas letales utilizadas en las ejecuciones y los métodos para cumplir con esta norma de pena de muerte, de la cual la ONU no está de acuerdo.
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