Este martes la comisión mixta que analiza las modificaciones a la ley que castiga a los funcionarios que incurren en delitos de cohecho y soborno, rechazó la indicación que señalaba la inhabilidad completa de ejercer cargos públicos.
Tras la negativa de los integrantes de la comisión, el diputado PS Leonardo Soto cuestionó la decisión de la comisión y advirtió "habría solucionado casi todos los problemas de impunidad que se produjeron en el caso Penta y muchos otros, sin embargo fue rechazado".
Anteriormente, la comisión mixta ya había aprobado los cambios en el caso del cohecho, aumentando las penas para quienes cometan los delitos, que inicialmente iban hasta los 540 días y ahora podrán ir desde los 541 días hasta cinco años de presidio.
En cambio para el cohecho agravado, cuando se le entrega dinero a un funcionario por no hacer su trabajo, la pena irá desde los tres hasta los 10 años.