Con una carpeta en que resumían los ejes de la iniciativa llegaron hasta La Moneda un grupo de parlamentarios de RN, encabezados por el senador Alberto Espina. El objetivo de la visita era entregar al gobierno un dossier con propuestas para perfeccionar la ley antiterrorista, en la antesala del envío del proyecto anunciado por el gobierno.

 

Frente a esto, los senadores Francisco Chahuán, Andrés Allamand, Baldo Prokurica y Andrés Allamand, anticiparon que mañana ingresarán al Congreso la iniciativa, que busca entregar medidas para sustituir el texto actual de la ley antiterrorista.

Según explicó Espina, "tenemos la convicción que es necesario mejorar la actual ley", puesto que "ante las más de 200 bombas que han detonado en los últimos años, gran parte de esos casos quedaron en impunidad, donde no fue posible condenar a los autores de esos delitos de carácter terrorista".

Desde el gobierno, el ministro de Justicia, José Antonio Gómez, destacó la iniciativa y dijo que será considerada en la propuesta que La Moneda enviará al Congreso en los próximos días:

"Hemos recibido la propuesta y el proyecto de ley que ha presentado RN. Con el ministro del Interior hemos señalado que el cambio a la ley antiterrorista es una tarea de Estado y por tanto, la vamos a revisar y analizar".

Además, dijo que "veremos qué cosas podemos agregar al proyecto de ley y, si no, lo debatiremos en la comisión de constitución del Senado".

LAS SEIS PROPUESTAS DE RN

1). Ampliar la figura de delito terrorista, ante conductas que puedan ser consideradas como atentados a la integridad de las personas, o cuyo fin es producir temor.

Así, se incluirían en esta categoría los homicidios, las lesiones graves, secuestros, incendios y robo o atentados a vehículos.

Este ítem considera "emplear bombas o explosivos que afecten o puedan afectar la vida y la integridad física de un número indeterminado de personas".

2). Que esos delitos sean considerados terroristas, independiente de si fueron perpetrados por una o varias personas, o asociaciones ilícitas.

3). Que las investigaciones puedan iniciarse por el Ministerio Público, Del Interior, por otras autoridades a cargo del orden público, por las víctimas o sus familiares, o por cualquier persona que tenga domicilio en la provincia donde se cometió el delito.

4). Nuevas facultades para el Ministerio Público Como autorizar agentes encubiertos, informantes, entregas vigiladas de armamentos y explosivos destinados a cometer delitos terroristas.

5). Que los condenados por delito terrorista no tengan derecho a la sustitución de pena de cárcel por otras que pueda cumplir parcial o totalmente en libertad, como reclusión parcial o libertad vigilada.

6). Que se establezca un mecanismo de apoyo y reparación a los sectores productivos que realizan su labor en zonas de alto riesgo de violencia extrema.

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