La definición judicial se tomó luego uno de los reos, identificado con las iniciales A. L., informara a los jueces sobre las amenazas que habría recibido antes de atestiguar en contra de los funcionarios de Gendarmería por el incendio ocurrido en 2010.

De acuerdo al Ministerio Público, lo ocurriría se trata del delito de obstrucción a la investigación, por lo que se pidió que la declaración del preso fuera llevada a la Fiscalía y se indagara si ésta era efectiva o no.

Se confirmó que uno de los funcionarios acusados, Patricio Campos Tapia, continúa siendo alcaide del penal Santiago Uno, donde está el reo que acusó amenazas.

Por lo mismo, el Sexto Tribunal Oral en lo Penal aceptó medidas de protección solicitadas por la Fiscalía para el testigo, quien solicitó ser trasladado a una cárcel en Los Andes.
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