En un oficio dirigido a la Cámara de Diputados, el presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, manifestó su contraria opinión al proyecto de ley impulsado por el gobierno para endurecer las penas de los delitos de connotación social como robos, hurtos y receptación.
La Segunda consigna que en el documento Muñoz plantea que la iniciativa "implica el cercenamiento de atribuciones a los jueces" debido a las restricciones que se proponen para la revisión de atenunantes.
Además, Muñoz plantea que "si bien los delitos contra la propiedad son estadísticamente los que mayormente preocupan a la ciudadanía, esto no significa que sean los ilícitos de mayor gravedad".
Finalmente, el presidente de la Corte cuestiona el proceso de fabricación de leyes originadas en el Ejecutivo. Al respecto dijo que era "cuestionable" que existiendo una Comisión de Especialistas, "se utilice el sistema de leyes sectoriales para reformar anticipadamente ciertos capítulos".