Una jugadora de voleibol, en conflicto con su antiguo club al considerar que fue penalizada económicamente tras su embarazo, ha provocado una movilización en Italia por la posición de debilidad en la que quedan las deportistas después de ser madres.
Una asociación de defensa de los atletas, la ASSIST, anunció su intención de pedir al jefe del gobierno italiano Mario Draghi y al Comité Olímpico (CONI) medidas de protección de las deportistas que no sean profesionales.
El origen de este movimiento fue un mensaje publicado en su página Facebook por una jugadora de voleibol, Lara Lugli, el pasado domingo, en la víspera del Día Internacional de la Mujer.
Esta deportista de 41 años denunció que su contrato quedó interrumpido en marzo de 2019 al quedar embarazada, en virtud de una cláusula que preveía esta situación, cuando jugaba en el Pordenone, un club de la tercera categoría.
También explicaba que después sufrió un aborto natural y que nunca regresó al club.
Dos años después de este episodio, Lara Lugli recibió una citación para comparecer ante la justicia por haber sido demandada por su antiguo club, que se considera parte perjudicada por la interrupción del contrato.
Fue la respuesta de la entidad a la demanda de la jugadora de cobrar el salario correspondiente al mes de febrero de 2019 y que el club no le había pagado (unos 1.000 euros - 1.200 dólares- según la prensa italiana).
Según la deportista, este club amateur justifica su demanda en el hecho que la baja de su capitana tuvo consecuencias en los resultados del equipo y en la pérdida de patrocinadores.
El club también le reprocha a la exjugadora, que entonces tenía 38 años, de no haber informado de su voluntad de ser madre en el momento de firmar el contrato.
"Una mujer, si se queda embarazada, no puede suponer daño ninguno y no debe indemnizar a nadie por ello", denunció Lara Lugli.
En un comunicado, el club precisó que su demanda tiene como objetivo "defenderse" ante la exigencia financiera de la jugadora y que no ha presentado ninguna demanda de reparación.
Para ASSIST, "este caso no es único y no afecta sólo al voleibol, sino que es el reflejo de una práctica indigna" por parte de los clubes no profesionales.
La ministra de la Familia, Elena Bonetti, mostró su apoyo a la deportista, así como Mariastella Gelmini, otro miembro del gobierno, que calificó el caso de "absurdo y vergonzoso".