Finalmente y a tres semanas del acuerdo entre el Gobierno y los funcionarios públicos, este martes ingresó al Congreso el proyecto de reajuste a los funcionarios estatales, texto que ha estado en el centro de la discusión por lo que la oposición considera un "amarre" al establecer condiciones para la no renovación de trabajadores a contrata ad portas del cambio de Gobierno del próximo 11 de marzo.
En el texto, de 167 páginas de extensión, el Ejecutivo entrega detalles del acuerdo alcanzado con la Mesa del Sector Público y que implica un reajuste de remuneraciones de 3,4% nominal, dividido en dos momentos: de 2% a contar del primero de diciembre y de 1,4% a partir del primero de junio de este año.
Así, el texto implica un costo fiscal de US$ 1.775 millones para este año y US$ 1.274 millones el próximo año, así como US$ 1.267 millones en régimen.
La propuesta legislativa incorpora un reajuste del aguilando de Navidad de los funcionarios públicos activos, a $ 71.206 para quienes perciban hasta $ 1.060.493 líquidos mensual; y a $ 37.666 para quienes ganen más de ese monto y que no excedan los $ 3.511.800 mensual.
El aguinaldo de Fiestas Patrias, en tanto, se reajusta a $ 91.682 para quienes reciban menos de $ 1.060.493 líquidos y a $ 63.645 para quienes superen dicho umbral y no perciban más de $ 3.511.800. También se reajustan los bonos de escolaridad, el aporte para servicios de bienestar, bono de vacaciones, el bono de invierno para pensionados y la bonificación de nivelación para alcanzar la remuneración mínima.
Artículos polémicos
Asimismo, el Gobierno oficializa los artículos que generaron controversia con la oposición y el Gobierno entrante, al establecer normas especiales para aplicar la no renovación de trabajadores bajo régimen de contratas o su renovación en condiciones distintas.
En específico, se plantea que que la no renovación de una contrata o su renovación en condiciones distintas debe formalizarse mediante un acto administrativo que exprese los fundamentos de hechos y de derecho que informan la decisión, sustentado en criterios "objetivos y suficientemente acreditados".
Además, se exige la notificación íntegra y oportuna del acto, contempla la remisión a la Contraloría para su registro, y reconoce, para quienes cuenten con al menos dos años de servicios continuos a contrata, la posibilidad de reclamar por vicios de legalidad.
También, se mandata a que los asesores de gabinete deberán presentar su renuncia a más tardar durante febrero y hacerse efectiva a partir del 11 de marzo.
"Si ello no ocurre, el cese se concretará mediante la petición de renuncia de la autoridad que efectuó la designación, produciéndose igualmente el término de sus funciones, por el solo ministerio de la ley, desde esa fecha", dice la propuesta del Ejecutivo.
La iniciativa no será aplicable a los altos directivos públicos y su personal asesor, cuyo cese de funciones se materializará de acuerdo a las normas que regulan el Sistema de Alta Dirección Pública o aquellas a las cuales se encuentren afectos, según corresponda. Tampoco regirá para el personal que haya sido designado a contrata con anterioridad al 11 de marzo de 2022.
Los otros cambios
La propuesta también incorpora una serie de medidas misceláneas, como postergar el reavalúo de propiedades habitacionales hasta 2027, lo que también implica lo mismo para el reavalúo agrícola que se realizaría en 2028; establecer un plazo especial para solicitar la rebaja del impuesto territorial sobre predios ocupados; y ampliar el giro de empresas estatales como Correos de Chile al rubro de la logística y de la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) al hidrógeno verde.
Asimismo, el proyecto establece la prórroga del teletrabajo hasta 2028 para instituciones de educación superior estatales, Gobiernos Regionales, instituciones del Gobierno Central y el Consejo Fiscal Autónomo (CFA).
Volviendo a materias laborales, se precisa que no se puede suspender el pago de asignaciones o exigir reintegrados a los directorios de asociaciones de funcionarios por hacer usos de permisos. También, se establece que las asambleas de dichas agrupaciones se realizarán "preferentemente" fuera de horario laboral.
Adicionalmente, se incorporan excepciones a la norma que establece el retiro de funcionarios estatales de 75 años o más, señalando que podrán ejercer cargos afectos al Sistema de Alta Dirección Pública, así como cargos de ministros de Estado, subsecretarios, delegados presidenciales, de exclusiva confianza y cargos de elección popular. Tampoco cesarán en sus funciones las autoridades unipersonales electas y los académicos de universidades estatales que se indican en la norma.
Se armonizan normas relacionadas con las 40 horas, en cuanto a la mantención de remuneraciones y beneficios por las jornadas laborales de 44 o 45 horas.
También se crean nuevos cargos directivos de planta en el Instituto de Previsión Social (IPS) y se actualizan plantas directivas en oficinas regionales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Sin embargo, el proyecto no incorpora otros cambios que le expuso Hacienda a asesores de parlamentarios la semana pasada, como el traspaso de 71 funcionarios a contrata desde la Dirección General de Obras Públicas a la subsecretaría del ramo; la creación de cargos de planta en la Dirección de Obras Hidráulicas; y permitir destinar al exterior a personal de contrata de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei).
Otra norma miscelánea es la exención del impuesto verde a los vehículos de la Policía de Investigaciones (PDI); la extensión desde 2026 hasta 2028 del Fondo de Emergencia Transitorio para la Reconstrucción de Valparaíso; se permite que los médicos cirujanos que están eximidos de aprobar el Eunacom puedan emitir licencias médicas; y se regula la autorización para que las mutualidades de empleadores presten atención médica a terceros.
