Ajustes financieros. Entre sus primeras medidas en materia de educación superior, el gobierno de José Antonio Kast anunció un proyecto para restringir la gratuidad universitaria, poniendo límite de edad a los estudiantes hasta los 30 años, impidiendo la ampliación automática del beneficio a nuevos deciles y suspendiendo el ingreso de nuevas universidades al sistema.
- Junto con ello se reforzará el cobro de las deudas acumuladas de morosos del Crédito con Aval del Estado (CAE).
- En la misma línea, el gobierno señaló no apoyarán el proyecto de ley, impulsado por el gobierno de Gabriel Boric, que crea el Financiamiento para la Educación Superior (FES) como nuevo mecanismo para reemplazar el CAE.
- Las medidas generaron rechazo y críticas en la oposición y puso en estado de alerta a agrupaciones estudiantiles universitarias.
- Sin embargo, detrás de estos anuncios se esconde la grave crisis financiera por el crecimiento constante en los gastos del Estado en gratuidad, mayor a todas las estimaciones e informes elaborados cuando se diseñó la ley en el segundo gobierno de Michelle Bachelet.
- Además, el anunció de campaña de Boric de condonar el CAE y reemplazarlo por otro sistema, provocó un incentivo que aumentó el no pago de la deuda, generado otra mochila financiera en educación.
Gasto sextuplicado. Según el centro de estudios Acción Educar “desde los inicios de la política en 2016, el gasto corriente asociado a gratuidad se ha sextuplicado, pasando de $395.194 millones en 2016 a $2.224.580 millones en 2025”.
- “Asimismo, la cantidad de beneficiarios se ha cuadruplicado en el periodo mencionado, pasando de 136.153 a 614.905 en 2026, lo que implica que tanto el porcentaje de beneficiarios como el total de matriculados de pregrado aumentó de un 11,6% a un 46,3%”.
- Agregan que el gasto promedio, por beneficiario, es de $3.622.652 pesos. Históricamente más alto en universidades que en centros de formación técnica e institutos profesionales. CFT e IP ($4.531.117 pesos por alumno en universidades y $2.488.856 pesos por alumno en CFT e IP).
- El ex director de Dipres, del gobierno de Sebastián Piñera, Matías Acevedo, advirtió en noviembre durante una exposición en el Congreso -y volvió a repetir estos días en sus redes sociales- que el gasto en gratuidad universitaria equivale a varios miles de millones más que lo proyectado cuando se discutió la reforma.
- “En materia de gratuidad en educación superior hasta 2025, la diferencia entre los proyectos en el informe financiero original y el costo efectivo ya suma US$4.400 millones adicionales. Esta brecha podría alcanzar US$11.000 millones hacia el final de la década”, señaló (ver gráfico al final de la nota).
El incentivo del CAE. A esto se suma el problema de arrastre del CAE donde se registra 1,2 millones de deudores.
- El stock de deuda aumentó entre 2021 y 2025 de US$11,6 mil millones a US$14,1 mil millones, lo que equivale a un crecimiento aproximado del 22%.
- Sobre todo aumentó la morosidad tanto entre egresados como en alumnos que abandonaron sus estudios.
- Según las cifras de Comisión Ingresa si en el gobierno de Piñera las garantías ejecutadas de egresados del CAE había aumentado en 13 puntos, durante el gobierno de Boric el incremento fue de 25 puntos. Es decir pasó de un 28% (163 mil personas) en diciembre de 2021 a 53% (423 mil personas) en diciembre de 2025, señaló La Tercera.
- En noviembre de 2025, María Paz Arzola entonces experta del Instituto Libertad y Desarrollo y hoy recién asumida ministra del Educación de Kast, expuso este problema en un seminario organizado por el Senado. “El CAE tiene una altísima tasa de morosidad que al mes de junio de este año está en 67,9%. Eso probablemente se debe a las expectativas de condonación debido a la promesa del gobierno (de Boric) durante la campaña”, afirmó.
- “Pero también debido a las nulas consecuencias que hoy en día tiene el no pago, y pongo como ejemplo la ley Chao Dicom, que se promulgó en 2020 y que establece que la deuda del CAE no queda registrada”.
- Las deudas del CAE suponen una elevada carga fiscal, ya que si bien las deudas se contraen con la banca el Estado responde como aval. Para 2026 se proyectan $408,3 mil millones por ejecución de garantías por no pago; $493,7 mil millones para recompra de cartera; y $138,2 mil millones para financiar beneficios y recarga.
Error de cálculo. Según expone Acevedo, al igual que con la gratuidad también se cometió un error de en las estimación del costo del CAE, comparando con el informe financiero original.
- A 2025 se registran US$7.025 millones más que lo proyectado, y en 2023 llegaría a US$10.280 millones extra (2,8 puntos del PIB) (ver gráfico).
- En total, sumado los errores en las estimaciones de la gratuidad y del CAE han contribuido a la fecha en US$11.400 adicionales al aumento de la deuda pública (3,2 puntos del PIB). Lo que podría duplicarse al final de la década.
- A juicio de Acevedo estos errores se deben a que no se evaluaron los comportamientos estratégicos propios de los distintos actores del sistema educacional.
- La presiones políticas terminando la disciplina de pago y convirtieron al CAE en una “gratuidad de facto”, señala.
- En el caso de gratuidad, muchos estudiantes de deciles superiores, ajustaron su situación socioeconómica para cumplir con los requisitos y acceder a los beneficios.
- Además, las instituciones de educación superior, aumentaron el crecimiento de la matrícula y gestionaron para elevar los aranceles regulados., provocando mayor presión al sistema ya desfinanciado.