Por qué importa. Por sus dimensiones, la llaman megatoma y se transformó en tema de campaña. José Antonio Kast aseguró que no iba a permitir que se saltaran la fila, pero quedan dudas de si es viable una solución de esa naturaleza. Son 4 mil familias y más de 10 mil personas en total, con niños y ancianos.
- La decisión de Gabriel Boric de expropiar ha sido criticada porque premia a quienes se “saltan la fila”, mientras la gente que lleva esperando 9 o 10 años por una solución habitacional se siente, con toda razón, pasada a llevar. Según expertos, es un incentivo a nuevas tomas, que han crecido exponencialmente desde el estallido social.
- Kast en la campaña dijo que él habría hecho cumplir el fallo de la Corte que optó por desalojar y que sacaría a las 10 mil personas del lugar, con las precauciones del caso.
- Existen más de 1.400 campamentos a nivel nacional y 120.000 familias viviendo en esa condición.
- En el caso de San Antonio, aunque hay reserva sobre el procedimiento, se empezaría por 36 familias que serán albergadas en el Colegio España durante tres o cinco días. Luego serían reemplazadas por una misma cantidad de pobladores. Podría ser un proceso muy largo, pero se espera que muchos ocupantes se vayan voluntariamente a casas de familiares o amigos.
El municipio. “Tal como lo dispuso la Corte, es un albergue transitorio, no es una solución habitacional”, explica Marcelo Alfonsi, coordinador de la oficina de gestión habitacional de San Antonio. “Por lo tanto, son de 3 a 5 días los que podría estar la familia ahí, máximo. Y ahí tienen que hacer abandono voluntario del albergue. Y en ese momento se recibiría un segundo grupo”.
- Desde el ministerio del Interior, afirman que hay un plan de desalojo pero no se dará a conocer por la prensa.
- En San Antonio hay miles de personas que han hecho la fila y esperan ordenadamente, cumpliendo los requisitos legales para obtener una casa. En el próximo gobierno mirarían con interés una solución que incluya a estos postulantes legales que no se saltan la fila.
- “No podemos establecer la cantidad de tiempo que va a estar funcionando el albergue”, reconoce Alfonsi. “Lo que se conversa es que parte de esas personas inscritas legalmente en comités de vivienda tendrían soluciones en este plan habitacional del cerro Centinela, pero no hay nada seguro”.
- Para tener una idea, en San Antonio hay 15.000 familias esperando soluciones habitacionales.
La polémica reunión. Alfonsi estuvo en la famosa reunión entre ocupantes y representantes de los dueños en 2019. Los pobladores insisten en que se les habría ofrecido vender los terrenos. Los dueños lo han desmentido tajantemente.
- “Hice reuniones, las mismas que se han hecho en Santiago, que tienen que ver con la coordinación entre los propietarios y los tomadores. Nunca hubo una oferta. Es una mentira. De hecho, eso se llevó a la corte y lo desestimó”.
- Un gran porcentaje de la población de San Antonio está en contra de las ocupaciones ilegales, según las encuestas.
- Alfonsi participó de la mesa técnica para encontrar una solución. Esta es su evaluación: “Fracasó porque primero que nada, el vendedor solicitaba una garantía de parte del Estado. En segundo término, se había establecido que el Banco del Estado iba a financiar la compra, pero las personas que iban a comprar no tienen capacidad de crédito. Y tampoco hubo acuerdo en el precio de compra”.
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Los dueños. En el entorno de los propietarios de los terrenos dicen que esperan con cautela lo que decida el próximo gobierno de Kast. Aseguran que han tenido contactos con gente del comando republicano, incluyendo a Iván Poduje, experto en el tema, que suena como probable ministro de Vivienda.
- “Hemos adoptado un perfil bajo porque no está muy claro qué hará el nuevo presidente, si va a seguir adelante o no con la expropiación”, dice un cercano a los dueños, que cuenta que también han conversado con Germán Codina.
- La misma fuente sostiene que una posibilidad es que se “bote” el proceso de expropiación. Cercanos afirman que “es muy distinto el panorama si el desalojo se hace en paz, si la gente saca sus cosas, entendiendo que va a haber una redistribución del terreno, o si queda la tremenda escoba el 12. Puede haber una batalla campal. Y el escenario cambia para todo el mundo”
- Los dueños ven el asunto con preocupación. Esas 100 hectáreas que quedan fuera de la expropiación van a quedar en el limbo, piensan. “Va a ser una pérdida completa”, afirman.
- Por lo mismo, los propietarios están evaluando una posible demanda al Estado, dependiendo de lo que pase finalmente con la expropiación.
- Otra posibilidad, que tampoco está descartada, es que les expropien el terreno completo. Y meter a toda las personas que están en la fila en San Antonio. De todos modos habría que echar a quienes no están agrupados en comités.
Singularidades. Una de las cosas que ha llamado la atención es que hay terrenos tomados de 400 metros cuadrados, un 30% son unipersonales y hay 800 que no están siendo usados permanentemente, es decir, serían de segunda vivienda. Por lo demás hay sectores privilegiados que tienen impresionantes vistas al mar.
- “Los dueños ni siquiera se quieren hacer esperanzas de que esto va a funcionar. Esperan poder juntarse con el nuevo gobierno. Quieren ser súper prudentes”, dice alguien que ha seguido las negociaciones. “Estamos a la espera de lo que ocurra y conocer bien las intenciones que tiene el próximo gobierno”.
- “Están todos esperando si va a ser del tipo de desalojo de Quilpué o va a ser el desalojo como el de Lo Barnechea, que terminó con incidentes, detenidos y un carabinero herido. Porque ahí los escenarios son súper diferentes”, insisten.
