Lo nuevo. Una ONG, asociaciones municipales y algunas juntas de vecinos lanzaron una nueva ofensiva contra la iniciativa llamada “Sistema de Transmisión Zonal Grupo 3 S/E Itahue- S/E Hualqui”. El proyecto contempla una inversión de US$ 324 millones y es el segundo más relevante de transmisión eléctrica en el país, solo detrás de la megalínea Kimal-Lo Aguirre.
- Entre el 29 y el 30 de septiembre, los organismos ingresaron cinco reclamaciones ante el Segundo Tribunal Ambiental.
- La inversión pasó dos veces por el Comité de Ministros: en julio de 2026 y junio de 2025. En ambas ocasiones fue destrabado por el Ejecutivo para que avanzara a su ejecución, tras ser rechazado en abril de 2024 por la dirección ejecutiva del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), encabezado entonces por Valentina Durán.
- El proyecto, que ingresó a tramitación ambiental en agosto de 2020, contempla la construcción de una línea de transmisión eléctrica de alta tensión de 406,93 kilómetros. Además, considera la construcción de cuatro nuevas subestaciones y la conexión con otras cinco ya existentes, atravesando las regiones del Maule, Ñuble y Biobío.
- La inversión es impulsada por parte del grupo español Celeo.
- La iniciativa busca reforzar precisamente la red eléctrica del Maule, una zona que durante 2024 y 2025 ha requerido medidas extraordinarias para asegurar el suministro en comunas comgo Hualañé, Licantén y Vichuquén.
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Los opositores. La ofensiva de las asociaciones en el tribunal ambiental ocurre mientras la empresa ya avanza con las obras y prepara la entrada en operación de su primer tramo para 2027. Los opositores buscan que la aprobación ambiental que permitió construirla vuelva a ser revisada e, incluso, piden que se rechace la aprobación de 2025.
- La Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío (AMRBB) solicita que que el proyecto vuelva a revisarse y se dicte una nueva resolución por parte del Comité de Ministros que fundamente cómo afecta la línea a las comunas del Biobío. El organismo es presidido por el alcalde de Hualqui, Ricardo Fuentes (IND).
- La asociación alega que no tuvo oportunidad de rebatir los antecedentes que la empresa presentó para obtener la aprobación en 2025. La AMRBB no pide directamente que se rechace el proyecto, pero si el tribunal acoge la reclamación, el permiso podría quedar sin efecto.
- Entre los municipios que integran la asociación se encuentran Concepción, Penco, Talcahuano, Arauco y Los Ángeles.
- A este frente se suma la Asociación de Municipalidades Valle del Itata, la cual ingresó una reclamación con los mismos alcances que la AMRBB. El organismo es encabezado por el alcalde de Ninhue, Luis Molina (DC).
- A la judicialización del proyecto también se sumó la Municipalidad de Hualañé, liderada por la edil Carolina Muñoz (DC).
- Su petición es similar a la presentada por los otros municipios, pero plantea que se justificaría retroceder a antes de la aprobación de 2025 y menciona como posible consecuencia que se reviva el rechazo al proyecto por parte del SEA.
ONG y junta de vecinos. La reclamación más extensa, de 298 páginas, lleva la firma de Ricardo Frez Figueroa, coordinador ejecutivo de la ONG Defensa Ambiental. El abogado representa a las asociaciones mapuches Nonken Libko Lelfün y Koñintu Lafken Mapu, dos organizaciones de la comuna de Pencahue y vecinos de Hualqui y Cobquecura.
- Frez presentó el recurso más duro: pide anular el rechazo a la solicitud de invalidación a la iniciativa de agosto de 2026 y también la aprobación del proyecto de 2025, lo que dejaría a la inversión eléctrica sin permiso ambiental.
- La ONG Defensa Ambiental ya ha tenido un papel relevante en la oposición a los proyectos tierras raras de Aclara en Penco y a la iniciativa inmobiliaria llamada Maratué, que supone una inversión de US$ 2 mil millones.
- Frez es abogado de la Universidad de Concepción y diplomado en Cumplimiento Ambiental por la Universidad Católica. Según datos de Transparencia, entre noviembre de 2017 y noviembre de 2018, Frez trabajó como abogado en la Municipalidad de San Fabián, en la región de Ñuble.
- Cuatro organizaciones de la región del Biobío -Junta de Vecinos Los Boldos Las Villas, Centro de Padres John F. Kennedy, Corporación Mawizako y Junta de Vecinos Villa Los Presidentes de Chile- piden anular el rechazo a su solicitud de invalidación y que se apruebe la anulación de la inversión. Es decir, solicitan que el proyecto quede sin su permiso ambiental.
Ojo con. Las tramitaciones de iniciativas de inversión están experimentando un fenómeno: son destrabadas por el Comité de Ministros, pero terminan judicializadas en los tribunales ambientales.
