Lo nuevo. El oficio enviado este miércoles por la contralora Dorothy Pérez al ministro de Vivienda Iván Poduje puso un nuevo obstáculo a los planes del gobierno —liderados por el ministro de Justicia Fernando Rabat— de ampliar Santiago 1, al plantear dudas sobre el corazón de la controversia: si se trata de una extensión de un penal existente o bien de construir una nueva cárcel.

  • El proyecto ya había enfrentado un revés este lunes, cuando la jueza del Décimo Séptimo Juzgado Civil Rocío Pérez Gamboa suspendió el decreto exento que autorizó su construcción; la aprobación de decretos del Ministerio de Vivienda que modificaran el plano regulador de Santiago para este fin; así como la elaboración de bases de licitación para iniciar los trabajos y la “celebración de contratos de obra, concesión, ejecución o cualquier otro vínculo contractual destinado a materializar” el proyecto.
  • El fallo congeló de este modo una iniciativa anunciada en 2024 por el hoy expresidente Gabriel Boric, y a la que se opuso la entonces alcaldesa Irací Hassler (PC), respecto del penal que recibe a imputados enviados a prisión preventiva, es decir, antes de ser condenados o absueltos.
  • Este rechazo al proyecto aumentó con el cambio de administración comunal.
  • El 3 de marzo de 2025, la Municipalidad de Santiago —ahora liderada por Mario Desbordes (ex RN)—, presentó una demanda de nulidad de derecho propio en contra del Ministerio de Vivienda y el fisco de Chile, acusando que se buscaba construir una nueva cárcel y no ampliar una existente.
  • El fallo del lunes consideró que “aparece justificado, a lo menos provisionalmente, acceder a la medida y suspender en sus efectos el acto administrativo impugnado en autos, a modo de cautelar los intereses del actor y también de terceros a quienes interese el proceso de licitación subsecuente, junto con el interés comunal”.
  • El proyecto de ampliación había encontrado el respaldo del nuevo ministro de Justicia, que este martes ratificó que buscarán llevarlo adelante, pese a las peticiones de Desbordes de no apelar.

Qué dijo el oficio de Dorothy Pérez. Este miércoles, mientras el gobierno preparaba su respuesta a la resolución del juzgado civil, la contralora general de la República afirmó en su oficio que “de los antecedentes acompañados, no es posible determinar si la ampliación del ‘Centro de Detención Preventiva Santiago 1’ se proyecta sobre el mismo predio en que se emplaza ese centro, o sobre un terreno distinto de aquel”.

  • “Lo anterior resulta relevante a fin de determinar si dicho proyecto corresponde a la ampliación de un recinto penitenciario existente, o bien, a la construcción de uno nuevo, los que se encuentran sometidos a exigencias diversas en el artículo 1º de la citada ley Nº 21.636”.
  • Dado lo anterior, dijo, “esta Contraloría General no ha dado curso al instrumento del epígrafe, que ‘Modifica el Plan Regulador Comunal de Santiago y Plan Regulador Metropolitano de Santiago” para objeto de dar curso a la ampliación del penal.

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Los otros problemas de Santiago 1. Este lunes también, Gendarmería informó al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago del traslado al módulo 2 de Santiago 1 de los presos que estaban en el módulo 88.

  • El informe fue presentado luego de que el tribunal ordenara sacar de ese módulo a 83 presos, debido a las fallas de seguridad y salubridad que presentaba, que incluían un brote de sarna y síntomas de tuberculosis.
  • “Puertas de celdas sin acrílico central. Luminarias de celdas dañadas. Luminarias de pasillos destruidas (…). Chapas defectuosas en puertas de celdas”, son parte de las fallas de seguridad del módulo 88 de Santiago 1 enumeradas en un informe de Gendarmería enviado al tribunal, que también detalló que había cámaras de seguridad destruidas.
  • Estas fallas agravaron la crisis de un penal golpeado por casos de corrupción. Y en particular, de un módulo que en 2024 ya había adquirido notoriedad, tras la visita realizada por el juez Fernando Guzmán.
  • Guzmán reveló entonces que los internos lo llamaban el módulo “de castigo” y constató que en éste había muerto el ciudadano ecuatoriano preso por robo con intimidación Kevin Daniel Lino Hernández, aparentemente, a manos de sus compañeros.

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