Qué observar. Tres son los puntos que concentran la preocupación de las universidades del G9 respecto de lo que propone el Gobierno para la Educación Superior en el proyecto de Ley de Presupuesto 2027. Las principales alertas están puestas en la caída del Aporte Fiscal Directo (AFD), la reducción del Basal por Desempeño (BpD) y las mayores restricciones para utilizar los excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario.
- De hecho, el reclamo que hizo el rector de la UC y presidente del G9, Juan Carlos de la Llera, apunta justamente a cómo estas medidas terminan afectando el financiamiento estructural de las universidades.
- El académico intervino en la discusión presupuestaria con una carta de cuatro páginas dirigida a los parlamentarios, en la cual pidió no aprobar la partida de Educación Superior en los términos propuestos por el Ejecutivo, y sostuvo que el problema está en el efecto conjunto de distintas propuestas.
- Su planteamiento es que no se trata de pedir un aumento de recursos, sino de mantener los aportes estatales en términos reales, considerando la inflación proyectada.
- “Lo que este proyecto pone en riesgo son los principios sobre los cuales Chile ha construido uno de los sistemas universitarios más sólidos de América Latina”, advirtió en la misiva.
El AFD. Según pudo constatar Ex-Ante, el primer foco de alerta está en el Aporte Fiscal Directo (AFD) de las universidades del G9, que alcanza $124.695 millones en el proyecto de Presupuesto 2027, una caída de 3% frente a la Ley Base 2026.
- El AFD es un aporte institucional que las universidades pueden destinar a financiar su planta académica, sostener la investigación y cubrir compromisos de largo plazo.
- A diferencia de los fondos asociados a proyectos específicos, entrega recursos que forman parte de la base de financiamiento de las instituciones.
- Por eso, desde el G9 plantean que el monto debería al menos mantener su poder de compra, considerando una inflación proyectada cercana al 3%.
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El Basal por Desempeño. La segunda preocupación está en el Basal por Desempeño (BpD), que para 2027 se propone en $52.560 millones. Esto representa una caída de 10,6% frente a la Ley Base 2026.
- Este fondo entrega financiamiento basal a las universidades privadas tradicionales que forman parte del sistema, con el objetivo de apoyar sus capacidades institucionales y su desarrollo.
- Para las universidades beneficiarias, no se trata solo de recursos adicionales para iniciativas puntuales, sino de una fuente de financiamiento que contribuye a sostener sus actividades.
- Considerados en conjunto, el AFD y el BpD que reciben las universidades del G9 disminuirían 5,4% respecto de la Ley Base 2026 si se aprobara el Presupuesto 2027 en los términos propuestos por el Gobierno.
- La brecha para mantener el poder de compra de los recursos frente a la Ley inicial 2026 alcanza $11.578 millones. Además, en el caso del BpD, el fondo pasa de $58.203 millones a $52.560 millones. En términos reales, la caída llega a 12,3%.
- Desde el sector advierten que una reducción de esta magnitud presiona recursos que las instituciones necesitan para sostener su funcionamiento y sus planes de desarrollo.
Los excedentes del Fondo Solidario. El tercer foco está en las nuevas restricciones para utilizar los excedentes del Fondo Solidario de Crédito Universitario.
- En concreto, las glosas 11 del Programa 02 y 15 del Programa 03 del proyecto de Ley de Presupuestos 2027 reducen en 10 puntos porcentuales los márgenes que estuvieron vigentes durante 2025 y 2026.
- Con esto, el uso de los excedentes generados durante el año anterior baja de 45% a 35%. En tanto, el uso de los excedentes acumulados hasta 2025 disminuye de 30% a 20%.
- Estos recursos provienen de la recuperación de créditos universitarios otorgados a estudiantes en años anteriores, y su disponibilidad permite a las instituciones reinvertir parte de los montos recuperados en sus propias actividades.
- Según explican desde el sector, estos excedentes se han convertido en una de las pocas fuentes de recursos con las que pueden amortiguar la brecha de financiamiento asociada a la gratuidad.
- Por eso es que, de acuerdo a fuentes del sector, las nuevas restricciones no solo limitan el uso de esos fondos, sino también la capacidad de las universidades para compensar otras presiones presupuestarias.
La presión sobre las universidades. Un informe de Acción Educar señala que las principales inyecciones de recursos a las universidades estatales también disminuyen en el proyecto de Presupuesto 2027.
- El Aporte Institucional a las Universidades Estatales cae 11,4%, equivalente a $13.184 millones menos, mientras que el Plan de Fortalecimiento de Universidades Estatales disminuye 34,8%, unos $7.731 millones. En el caso de la Universidad de Chile, su aporte baja 13,6%.
El argumento de fondo. “Se reduce el aporte y al mismo tiempo se cierran todas las vías de ajuste”, planteó el rector De la Llera en su carta. El académico advirtió que las universidades no pueden compensar estas disminuciones aumentando libremente los aranceles o la matrícula.
- Por eso, su petición al Congreso es mantener los aportes estatales y los recursos para ciencia e investigación en términos reales. Según indicó en el texto, si las universidades quisieran financiar en 2027 lo mismo que en 2026, esos aportes tendrían que subir a $515.587 millones, considerando el 3% de inflación proyectada.
- “No estamos pidiendo un aumento. Pedimos únicamente que el Estado preserve el valor de su compromiso con las universidades”, remarcó.
