Lo nuevo. El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, obtuvo una orden de detención para el siquiatra Alberto Larraín y la plana mayor de la fundación ProCultura, en la arista metropolitana de una de las principales causas del caso Convenios. El delito base sería fraude al fisco.

  • Las diligencias instruidas por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y que estaban siendo concretadas este viernes, afectaron, además del cofundador de ProCultura, a su representante legal Constanza Gómez y a la directora de estudios María Teresa Abusleme.
  • Las órdenes de detención también fueron dirigidas en contra de la exjefa de la División de Desarrollo Social Humano del Gobierno Regional (Gore) Metropolitano, Evelyn Magdaleno, y del psicólogo Gabriel Prado, pareja de Abusleme y quien, siendo pagado por ProCultura, trabajó en el Gore Metropolitano, en comisión de servicio.
  • La diligencia se produjo luego de que la ofensiva inicial de la fiscalía de Antofagasta de quitar el fuero al gobernador Claudio Orrego (ex DC) se viera retrasada, luego de que la Corte de Apelaciones de esa ciudad traspasara al tribunal de alzada de Santiago la decisión, que hasta este viernes seguía pendiente.
  • En los últimos días, Castro Bekios había asumido personalmente la conducción del caso.

Qué dijo Larraín. El cofundador de ProCultura dijo este viernes en su casa que “todo lo que permita que esto avance, ayuda. Llevamos dos años y medio en este proceso que no se ha podido esclarecer. Nosotros siempre hemos estado en la disposición de esclarecer cualquier cosa. Entonces, en la medida que podamos ayudar, eso bienvenido sea. La detención es parte del proceso normal. Aquí hay que hacer que las cosas funcionen como tienen que funcionar”, señaló.

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Panorama general. La trama metropolitana de esta causa se remonta al 8 de junio de 2022, cuando el Consejo Regional Metropolitano aprobó la propuesta del gobernador de nombrar al siquiatra y cofundador de ProCultura Alberto Larraín —ahijado político de Orrego— director de la Corporación de Desarrollo presidida por la misma autoridad.

  • Veintiún días después se autorizó la entrega de $1.683.788.000 a ProCultura para el programa para prevenir suicidios Quédate, causa en que Orrego declaró como imputado y se levantó su secreto bancario.
  • Solo en mayo de 2024, casi 11 meses después de que la fundación se sumara al escándalo del Caso Convenios, el Gore se querelló contra ProCultura por la presunta apropiación indebida de $1.010.379.291 no restituidos del programa Quédate, lo que dejó a Orrego con la doble figura de imputado y querellante.

Telón de fondo. Las detenciones de la plana mayor de ProCultura marcaron la judicialización de un caso que se ha acercado al Presidente Gabriel Boric.

  • En mayo de 2025, la Corte de Apelaciones de Antofagasta declaró ilegales las escuchas telefónicas a la siquiatra Josefina Huneeus, exseñora del cofundador de ProCultura, que incluían diálogos con el mandatario donde éste reconoció que pensó nombrar ministro a Larraín.
  • Esa declaración de ilegalidad marcó también la caída del anterior fiscal del caso, el Fiscal Regional de Coquimbo Patricio Cooper.
  • La detención de una exdirectiva del Gore de Orrego también puso presión a su desafuero.

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La preocupación de la defensa de Orrego. El abogado Aldo Díaz, defensor de Orrego, dijo este viernes que “estamos muy tranquilos, estamos a la espera de los alegatos de la solicitud de desafuero de la Corte de Apelaciones de Santiago. Sabemos y estamos confiados en ello, que la solicitud de desafuero será rechazada en todas sus partes por ser manifiestamente infundada y por estar mal planteada”.

  • “Esperamos que las gestiones que está realizando en este momento el Ministerio Público, no sean con el fin de cambiar el destino de esa solicitud de desafuero”.

Aumento de los convenios. El 29 de mayo de 2024, el fiscal Luis González Aracena, jefe de la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía Regional de Aysén —que llevaba entonces la causa— envió un oficio de seis páginas al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

  • En el escrito solicitaba al tribunal autorización para incorporar la información bancaria de la fundación.
  • El oficio de la fiscalía advirtió que ésta aumentó 10 veces sus ingresos de reparticiones públicas en 2022, año en que asumió el Presidente Boric, pasando de $316.849.723 en 2021 a $3.282.841.556 en 2022. Esto incluyó convenios en Gores de seis regiones.
  • “El gráfico da cuenta de la variación de los ingresos de fondos públicos a la Fundación ProCultura, evidenciándose un incremento significativo a partir del año 2022, época en que tienen lugar gran parte de los convenios objeto de esta investigación”, dijo el documento.
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