Quién es quién en el Segundo Tribunal Ambiental que golpeó el megaproyecto de Collahuasi

Por qué importa. El 14 de mayo se dio a conocer que el Segundo Tribunal Ambiental, que tiene su sede en Santiago, anuló la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del megaproyecto minero llamado “Desarrollo de Infraestructura y Mejoramiento de Capacidad Productiva” de Collahuasi, que contempla una inversión estimada de US$ 3.200 millones.

• La iniciativa había sido aprobada ambientalmente en 2021. Pero, desde 2023 se presentaron los primeros requerimientos para invalidarla, cuando comunidades indígenas cuestionaron la forma en que se evaluaron los impactos sociales y ambientales del proyecto, especialmente en el borde costero y en sectores vinculados a actividades tradicionales.
• En 2023, el Comité de Ministros del gobierno de Gabriel Boric rechazó esas reclamaciones y mantuvo vigente la RCA. El conflicto, entonces, escaló al Segundo Tribunal Ambiental.
• La sentencia que le dio el revés a Collahuasi acogió solo los cuestionamientos realizados al sector llamado Puerto Collahuasi, en particular a los impactos sobre el medio humano y el medio marino de la planta desaladora.
• Luego de que Collahuasi presentara esta semana un recurso de aclaración sobre el dictamen ante la instancia judicial ambiental, el Segundo Tribunal precisó que la empresa puede seguir ejecutando la faena minera en las zonas que no fueron cuestionadas.
• “El titular puede continuar la ejecución de los aspectos no reprochados de la evaluación, bajo su riesgo, en lo que respecta a las partes u obras del proyecto correspondientes a los Sectores Ductos y Cordillera y a los aspectos no reprochados del Sector Puerto Collahuasi”, puntualizó el tribunal.

Quién es quién. El revés al proyecto ocurre luego de que el tribunal —integrado por los ministros Marcela Godoy Flores, Cristián López Montecinos y el exministro Cristián Delpiano Lira— acogiera una reclamación interpuesta por la Asociación Indígena Wilamasi de Pescadores Mamq’uta Caleta Chanavaya y Aymara de Caleta Chanavaya.

• Las comunidades fueron representadas por el abogado Lorenzo Soto Oyarzún, conocido por liderar grandes litigios contra megaproyectos mineros y negociar para obtener grandes acuerdos económicos en representación de agrupaciones indígenas.
• Hace algunos años el mismo abogado, exasesor del exsenador PPD, Guido Girardi, representó a las comunidades diaguitas y organizaciones medioambientales contra Pascua Lama, el proyecto binacional de oro, plata y cobre de la empresa canadiense Barrick Gold, que se ubicaría en la región de Atacama y que quedó definitivamente paralizado en 2020.
• En esa decisión jugaron un rol los mismos jueces que ahora fallaron contra Collahuasi.

Marcela Godoy. Abogada de la Universidad de Antofagasta, posee un máster en Ciencias del Medio Ambiente  de la Universidad de Barcelona. Según diversas fuentes consultadas, Godoy es cercana a la senadora de la zona, Paulina Núñez (RN), actual presidenta del Senado.

• La jueza llegó al segundo tribunal en agosto de 2023. Su nombre fue propuesto al Senado por el Presidente Gabriel Boric, con la recomendación de la entonces ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, a partir de una quina elaborada por la Corte Suprema.
• Antes de este cargo, fue relatora durante seis años en el Primer Tribunal Ambiental, donde se encargaba de ayudar a los ministros a estudiar y preparar las causas antes de las sentencias.
• En el Primer Tribunal Ambiental, que tiene su sede en Antofagasta, Godoy participó como relatora en 58 causas, entre ellas, las relacionadas con el proyecto minero Pascua Lama.
• Durante su período en el primer tribunal, también revisó conflictos ambientales ligados a Minera Escondida y controversias por salares.

Cristián López. Otro protagonista de la sentencia es Cristián López Montecinos, ministro suplente del segundo tribunal desde julio de 2021.

• Es ingeniero forestal de la Universidad de Talca y doctor en Geografía, Planificación Territorial y Gestión Ambiental de la Universidad de Barcelona.
• En el primer gobierno de Michelle Bachelet, fue director regional en Aysén del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) entre julio de 2007 y junio de 2010.
• En el segundo período presidencial de Bachelet fue designado gobernador de la Provincia de Coyhaique. Desde ese cargo vio temas ambientales como el conflicto socioambiental por contaminación con arsénico de desechos mineros. Lideró el Proyecto Manejo Sustentable de la Tierra en Coyhaique del gobierno.
• Antes de su llegada al tribunal ambiental de Santiago, fue asesor científico del primer tribunal ambiental, donde le tocó analizar controversias ambientales y asesorar en ciencias naturales a los ministros del tribunal.
• López participó activamente en las causas como la paralización a Pascua Lama y la sanción ambiental a Minera Escondida -controlada por BHP- por parte de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA).

Cristián Delpiano. Según fuentes conocedoras del tema, López y Cristián Delpiano son afines a la DC, aunque sin militancia política.

• Delpiano, quien finalizó legalmente su período como ministro del tribunal en octubre de 2025, estuvo a cargo de redactar la sentencia de Collahuasi, la cual entregó en diciembre pasado para la revisión de los otros jueces.
• Las mismas fuentes apuntaron que Delpiano se está postulando nuevamente para ser ministro del Segundo Tribunal Ambiental. Para esto tiene que ser parte de la quina de la Corte Suprema, ser nominado por el presidente José Antonio Kast y finalmente ser ratificado por el Senado.
• Exalumno del Colegio San Ignacio, El Bosque, es abogado de la Universidad Diego Portales y cuenta con un doctorado en Derecho por la Universidad de Salamanca.
• En 2014 fue fundador y vicepresidente de la Corporación MigrAcción, para promover los derechos y garantías de la población migrante.
• En 2016, durante el gobierno de Bachelet, fue facilitador de cabildos ciudadanos para una Nueva Constitución en la Provincia de Elqui.
• Entre 2017 y 2019, fue ministro suplente del Primer Tribunal Ambiental. En esta corte fue el encargado de redactar la sentencia que dio el cierre definitivo al proyecto Pascua Lama en 2020, aunque no la firmó porque renunció antes para irse al Segundo Tribunal Ambiental.
• También, en ese periodo le tocó revisar reclamaciones contra el yacimiento Quebrada Blanca de la empresa canadiense Teck.

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