Fraude social. El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abrió este jueves un nuevo flanco en la ofensiva del Gobierno contra lo que ha denominado “fraude social”. Durante su exposición ante la Comisión de Hacienda del Senado, donde respondió preguntas pendientes por el proyecto de reactivación económica, apuntó a beneficiarios de Becas Chile que no habrían cumplido sus obligaciones de retorno al país.
- “Un grupo relevante de personas, entre 20% y 30%, lo estamos terminando de cuantificar precisamente, que se vieron beneficiadas con las Becas Chile, no cumplió sus obligaciones, no retornó al país cuando tenía que retornar y le debe al país hoy día, estamos terminando de determinar, pero más de US$100 millones. Probablemente una cifra más cercana a US$150 millones, que también la vamos a cobrar”, señaló.
El foco. El programa Becas Chile financia estudios de posgrado en el extranjero, bajo condiciones que incluyen obligaciones de retorno y retribución al país. Su incumplimiento puede derivar en la restitución de los recursos entregados por el Estado.
- El caso no parte desde cero. En años anteriores ya habían surgido antecedentes sobre problemas de control, cobranza e incumplimientos en becas administradas por ANID (Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo). Esta vez Hacienda lo incorpora dentro de una revisión más amplia de beneficios públicos, bajo el concepto de “fraude social”, y lo asocia a una estimación de recursos que el Ejecutivo buscaría recuperar.
La comparación con el CAE. En su intervención, Quiroz también volvió sobre el caso de los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), uno de los ejemplos que ha utilizado para graficar su diagnóstico sobre abusos o incumplimientos en programas públicos.
- Según dijo, las personas con ingresos superiores a $2,5 millones mensuales que no han pagado el CAE le deben al Estado cerca de US$800 millones. Añadió que quienes ganan más de $1 millón mensual acumularían una deuda de unos US$600 millones.
- “Cada vez que entramos en distintas situaciones y logramos algún cruce de datos, encontramos la misma situación. El fraude social es de enorme magnitud”, afirmó.
- Luego agregó: “Entonces tenemos ineficiencia de programa, fraude social, operadores políticos. Esas son las cosas que estamos recortando, empezando a recortar, y las vamos a recortar todas”.
Por qué importa. Quiroz utiliza la necesidad de cobro de beneficios sociales a quienes no cumplen con sus compromisos en medio de la discusión del proyecto de reactivación económica, una de las principales apuestas legislativas del Gobierno para ordenar las cuentas fiscales, impulsar inversión y financiar medidas sociales.
- El ministro ha buscado instalar que el ajuste fiscal no solo se explica por recortes de gasto, sino también por la recuperación de recursos que, a juicio de Hacienda, el Estado debe cobrar. En esa línea, los cruces de datos aparecen como una herramienta para detectar beneficiarios que no habrían cumplido sus obligaciones o personas con capacidad de pago que mantienen deudas con el Fisco.
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Secreto bancario. Quiroz también sorprendió con un anuncio relativo al secreto bancario, tema que volvió al debate público luego del caso que afectó a Banco Santander y al lavado de activos por parte de la banda criminal Tren de Aragua y en paralelo a la tramitación del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica.
- “Les quiero adelantar que este tema nos interesa especialmente en Hacienda”, dijo el ministro, aludiendo al levantamiento del secreto bancario.
- Quiroz explicó que el interés de Hacienda no solo se relaciona con el control del gasto, sino también con la persecución de actividades ilegales. Dijo que “además de las ineficiencias, los operadores políticos, los excesos de gasto, también estamos combatiendo el daño que le hace a la economía la economía ilícita, la competencia desleal que genera”.
La señal de Hacienda. El ministro sostuvo que ya inició un trabajo interno sobre la materia. “He iniciado un trabajo, que lo partimos hace poco, y van a ir conociendo detalles más adelante, posiblemente, de una iniciativa que lancemos y preparemos desde Hacienda, que tengo que ir conversando con los demás ministerios”, señaló.
- Pero marcó un límite: el levantamiento del secreto bancario debe depender del Poder Judicial. “Siempre respetando el principio de que levantar el secreto bancario dependa de la Corte y del Poder Judicial, con una orden judicial”, precisó.
- “Hemos sido enfáticos en que nos parece que la investigación o la apertura de cuentas debe depender siempre del Poder Judicial y no de una decisión administrativa”.
- El debate se da mientras el Senado revisa el proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica, iniciativa que busca fortalecer las herramientas del Estado para detectar operaciones sospechosas asociadas al crimen organizado, lavado de activos y otras actividades ilícitas.
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