Lo nuevo. A las 1:05 pm de este miércoles 19, la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago Francis Fell autorizó realizar una docena de allanamientos en el marco de la investigación de las —dijo— “graves irregularidades” detectadas en licitaciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), en favor del proveedor Soser S.A.
- Las diligencias alcanzaron al Congreso en Valparaíso, donde la jueza autorizó incautaciones a los senadores Sergio Gahona (UDI) y Miguel Ángel Calisto (ex DC y ex Demócratas), quien paralelamente enfrenta una investigación por un presunto fraude al fisco de más de $100 millones.
- Ambos parlamentarios son indagados como imputados por presunto cohecho, pero respecto de ninguno de los dos la Fiscalía Metropolitana Oriente ha solicitado el desafuero (paso necesario para pedir medidas cautelares en la formalización de cargos).
- “Estoy tranquilo”, dijo Gahona en una declaración. “He colaborado activamente en esta diligencia, porque soy el más interesado en que esta situación sea aclarada plenamente a la mayor brevedad”.
- La autorización también incluyó incautar los equipos electrónicos y correos de la ex directora de la Junaeb durante el gobierno pasado, Camila Rubio; además de requerir a los bancos de Chile, Crédito e Inversiones y Scotiabank los movimientos de sus cuentas, desde el primero de enero de 2018 en adelante.
- Las incautaciones alcanzaron además al ex convencional Hugo Gutiérrez (PC) —quien no fue ubicado en la mañana y se presentó por la tarde en una unidad policial— y al exgobernador del Marga Marga Gianni Rivera, que tiene suspendida su militancia en la DC.
- Este jueves, la fiscal Constanza Encina declinó entregar mayores antecedentes de la causa, explicando que a la fecha está clasificada como reservada.
LEE ESTE Y OTROS ARTÍCULOS DE EX-ANTE EN EL SIGUIENTE ENLACE
Medidas intrusivas. La jueza, al autorizar las medidas intrusivas, planteó que “se ha podido establecer la comisión de delitos reiterados de soborno y cohecho a distintos funcionarios públicos, para favorecer los intereses de la empresa Soser en la obtención de información reservada y adjudicación de licitaciones públicas”.
- “Lo anterior, en base a sendos antecedentes recopilados en la investigación fiscal, a saber: informes de análisis financieros (UAF); documentos bancarios; transcripciones de audios; mensajería de WhatsApp; fotografías de chat que grafican sobre los intervinientes y su contenido; fotografías de transferencias y declaraciones”.
- El actual director de Junaeb, Fernando Peña —quien indagó las licitaciones 2018-2020 en el marco del Plan de Inspección Total impulsado por el Presidente José Antonio Kast—, dijo este jueves que las diligencias respecto de los senadores “abren una línea de investigación nueva de lo que vimos en la orden judicial por los delitos de coima y sobornos”.
“Miembros del Congreso Nacional”. El documento de 23 páginas justificó la diligencia respecto de los parlamentarios planteando que los antecedentes presentados por la Fiscalía Metropolitana Oriente “dan cuenta de un mecanismo sostenido en el tiempo, a través del cual se intercambiaba información reservada, se instruía la ejecución de determinados actos administrativos en favor de un particular, se gestionaba la adjudicación irregular de licitaciones a la empresa investigada y se presionaba para la remoción de funcionarios que desempeñaban funciones de fiscalización, a cambio de beneficios económicos y de índole laboral”.
- “Todo esto, por parte de miembros de la gerencia y del directorio de la empresa Soser S.A., lobistas informales, funcionarios de Junaeb, e incluso miembros del Congreso Nacional”.
Qué se autorizó revisar de los senadores. Respecto del senador Gahona, el tribunal autorizó la entrada y registro de su departamento en Avenida Costanera, Región de Coquimbo y oficina en el Congreso Nacional, para obtener “teléfonos celulares, computadores, discos duros y demás dispositivos de almacenamiento digital”, además de sus correos. Para Calisto esto se autorizó en la dirección del Congreso en Valparaíso.
- También se autorizó levantar el secreto bancario y obtener los movimientos de las cuentas de ambos senadores, desde el primero de enero de 2018.
