Las cárceles están ocupadas en alrededor del 150% de su capacidad a nivel nacional, una cifra podría aumentar al restringirse beneficios carcelarios en este gobierno y aumentar la eficiencia policial. ¿Cómo se enfrenta hoy este problema?
Hoy tenemos un hacinamiento de un 146%, una sobrepoblación de 20.500 personas aproximadamente. Esto va aumentando semana a semana debido a la labor policial que estamos ejerciendo. El perfil promedio de las personas que están ingresando es más violento, con mayor incidencia de crimen organizado, cerca del 18% son extranjeros y un tercio tiene menos de 30 años. A esa foto hay que agregarle que no hay condiciones apropiadas para que Gendarmería haga de manera adecuada su trabajo por las condiciones materiales y de segmentación, y adicionalmente, hay un tema de dignidad humana. Hoy tenemos recintos donde los presos tienen que alojar en rucos, porque no caen dentro de las celdas o de los pabellones. Esa es la realidad.
Parte de la cadena delictual comienza en las cárceles.
La posibilidad de reinserción no es la óptima, por decirlo sutilmente. Y, sí, parte de la cadena delictual opera desde las cárceles. Si las cárceles no están al 100%, se permite que el mando delictual opere y genere inseguridad afuera. De ahí también se genera corrupción. Aquí no estamos culpando a un gobierno particular u otro. Este es un abandono histórico. El país, el Estado, prefirió mirar hacia el lado, no solamente con falta de presupuesto, de atención y de modernización. Bueno, lo que estamos haciendo es todo lo contrario.
¿En qué sentido?
Gendarmería dejó de ser un servicio público más, que tenía hasta sindicatos, y pasó a ser una policía no deliberante, jerarquizada. Vamos a invertir más. No solo para construir más capacidad, sino para mejorar la operación en términos de tecnología, uniformes, alimentación de los reclusos, para hacer una mejor segregación. Más control de las encomiendas, de telecomunicaciones. También está la tramitación de la ley orgánica de Gendarmería, donde hay nuevas normas de compliance para combatir la corrupción, además de todo un cambio de cultura organizacional, que es uno de los factores más relevantes en lo que se viene.
¿El plan carcelario del gobierno descansa más en la ampliación de módulos ya existentes de penales que en la construcción de cárceles, que suelen enfrentar resistencia en las comunidades y permisos interminables?
La infraestructura es una parte de la oración, muy necesaria, por la sobrepoblación. Pero después vienen recursos, técnicas, leyes, normas, una cultura de lo que pasa dentro, presupuesto. Hay un plan carcelario vía concesiones, que implica la construcción de 20.000 plazas nuevas. Pero esto toma tiempo, son mínimo 10 años. Por tanto, tenemos que acelerar con otros mecanismos. Es ahí donde tenemos que agregar ampliaciones a cárceles existentes. También estamos en la evaluación de proyectos de construcción penitenciaria acelerada para suplir ese déficit y permitir una mejor segregación penal.
¿A qué se refiere con la construcción penitenciaria acelerada?
Son proyectos que nos permiten construir más rápido, a menor costo, pero pensando en la segregación de población de bajo compromiso delictual. Es un proyecto que está bastante avanzado. Adicionalmente, el Ministerio de Justicia va a tramitar un proyecto que permita conmutar penas de delitos de baja pena, por supuesto, con la expulsión de personas que estén en situación migratoria irregular. Eso nos permitirá descongestionar un segmento de la población penal que hoy no es menor.
¿Cuál es el plan para modernizar Gendarmería y qué implica en términos de fondos, nuevas tecnologías?
Son varios aspectos. Medios para infraestructura, para la operación, la nueva ley orgánica de Gendarmería y, adicionalmente, estamos iniciando dos procesos de consultoría para estos procesos de cambio cultural, de la cultura organizacional, pero también tener sistemas de gestión acabados. Tener cárceles que permitan a los gendarmes hacer su trabajo de manera más segura, más separados de la exposición al riesgo, la corrupción y la extorsión, pero que además permitan mayor reinserción real.
¿De qué se tratan estas consultorías?
Son recursos que hemos conseguido en instituciones externas para tener apoyo en este proceso de cambio. Es un proceso complejo desde el punto de vista de la cultura interna, del control de gestión, y del relacionamiento con la comunidad, que va a opinar en este proceso.
¿Cuánto de la crisis carcelaria que enfrenta el país pasó a ser un problema de Estado y cuánto de los gobiernos de turno?
La crisis penitenciaria obedece a un abandono del Estado. Y por tanto, la solución tiene que ser de Estado, de la sociedad. No es algo que corresponda solo al Ministerio de Seguridad. Necesitamos la cooperación de otros poderes del Estado, de otros organismos de la sociedad civil, muchos que trabajan en reinserción. Es una tarea de todos. Sobre los costos, estamos hablando de cientos o miles de millones de dólares solo en infraestructura penitenciaria, más lo que puede hacer en operación.
¿Cómo controlar la corrupción en las cárceles, que aparece como una problemática muy extendida y no circunscrita a casos de gendarmes aislados? Esta semana se detuvo a un suboficial de la institución y en el norte se escucha que los mismos gendarmes se organizan para estructurar cobros que compiten con el crimen organizado.
Lo primero es ser conscientes de la situación. No vamos a tapar el sol con un dedo, sino todo lo contrario. Cuando digo que vamos a apoyar a las fuerzas de orden y seguridad en el cumplimiento de su deber, eso lo hacemos. Pero vamos a ser durísimos e inflexibles con los que se cambian de bando. Acá las responsabilidades son individuales, yo no creo que las personas sean víctimas de las circunstancias, pero sin duda el riesgo aumenta cuando su labor (de los gendarmes) es con delincuentes con alto poder adquisitivo, con capacidad de corromper o de coercionar. Es un oficio que requiere un cuidado diferente por parte del Estado. Esa visión no se ha tenido y la queremos cambiar.
¿Cuántos gendarmes han sido expulsados por casos de corrupción en este gobierno?
-Hay 864 egresos este año de Gendarmería, por diferentes razones.
¿Por qué hay razones?
-En esto hay corrupción, por supuesto. Pero un número importante se debe a que esta institución hasta principios de año tenía sindicatos, porque era un servicio público. Y cuando deja de tener sindicatos, muchas personas perdieron ciertas comodidades y, por tanto, parte de ellos dejaron la institución.
Algunos líderes de organizaciones criminales han sido extraditados a Chile en los últimos meses. ¿Qué riesgo supone en el marco de una sobrepoblación carcelaria?
Ya tenemos al menos cuatro recintos penitenciarios con módulos de máxima seguridad. Entonces, sí hay capacidad de tener personas de extremo riesgo y tendremos que invertir si es necesario. El gran desafío es que Gendarmería tenga mayor autonomía en la segregación penitenciaria y que todos entiendan que no por recursos (judiciales) que presenten los presos pueden irse a la cárcel que ellos estimen.
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