“Todo era canalizado por medio de Durán”. El 14 de abril, el fiscal Ricardo Soto tomó declaración en calidad de imputado al exjefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi (FA), en el marco de la investigación de la fallida compraventa de la casa de Guardia Vieja del expresidente Salvador Allende, que lleva el fiscal de Coquimbo Patricio Cooper.
- Crispi dejó su cargo el 10 de marzo, junto con la salida de Maya Fernández Allende de la cartera de Defensa. Leonardo Moreno, su subordinado en el Segundo Piso, cayó 9 días después. El escándalo de la compraventa estalló el 2 de enero.
- En su relato, que se extendió por una hora y 15 minutos, Crispi eludió detallar el nivel de conocimiento que el Presidente Gabriel Boric tenía del proceso: “el estado de avance de las iniciativas, como también las comunicaciones que realizaba con el Presidente, por regla general, no se efectuaban mediante correos electrónicos u otro medio formal”.
- Además, responsabilizó al jefe del gabinete presidencial Carlos Durán (FA) y a otros funcionarios de La Moneda, como Leonardo Moreno, encargado del equipo de Seguimiento de Compromisos Presidenciales de Presidencia, por el acompañamiento de la fallida operación.
- “Cuando ejercía el cargo de asesor presidencial, tenía conocimiento que la compra de las casas presidenciales era un compromiso del presidente, y que se le estaba haciendo seguimiento por parte del director de políticas públicas, sr. Leonardo Moreno”, afirmó.
- “Moreno no me reportó ningún antecedente respecto a las gestiones en razón a la iniciativa ‘casas presidenciales’, y casa del expresidente Salvador Allende”, añadió.
- Además, aseguró que “no sé en qué consistía el seguimiento, ya que todos los antecedentes eran canalizados a través del jefe de gabinete del Presidente, señor Carlos Durán (…). Respecto a reuniones mantenidas con Carlos Durán posterior a que ‘estallara’ el caso, no mantuve reuniones con éste en tenor a la compraventa”.
- En la causa son querellantes los abogados Raimundo Palamara y Nubia Vivanco.
“El jefe es Miguel Crispi”. Un mes antes, el 7 de marzo, Carlos Durán llegó a la Fiscalía Nacional para entregar su testimonio en calidad de testigo en la indagatoria ante el fiscal Eduardo Yáñez.
- El jefe de gabinete del Mandatario relató que la idea de convertir la casa de Allende en un museo se instaló como “conversación” entre marzo y mayo de 2023 “en distintos espacios de gobierno (…), era un tema que comenzaba a materializarse como idea”.
- Respecto al origen de la operación, planteó: “tengo la impresión que tiene que ver con conversaciones del Presidente de la República. Es posible que haya escuchado al Presidente acerca del interés de rescatar la casa como museo o espacio patrimonial”.
- Durán dijo no recordar “exactamente una indicación expresa” para la supervisión de la compra, pero señaló que “no tengo duda y además por la naturaleza de su cargo, que esta función de seguimiento estaba a cargo de la Jefatura de Políticas Públicas y Seguimiento, a cargo desde ese tiempo, de Leonardo Moreno”.
- El funcionario del Segundo Piso aseguró que Moreno “forma parte de una unidad que depende del jefe de asesores”, y detalló la estructura de esa área: “La jefatura de estudios; la jefatura de contenidos; y la jefatura de seguimientos y políticas públicas. Esta última está a cargo de Moreno. El jefe de estas tres jefaturas es Miguel Crispi, y de éste es el Presidente de la República”.
“No recibimos alerta alguna”. Respecto a las inhabilidades constitucionales, Durán señaló que “no recuerdo que Moreno me haya dado cuenta de alguna alerta sobre la compra de la casa de la familia Allende, específicamente en orden de un conflicto de intereses, ni que en alguna reunión en que haya participado él o algún otro funcionario de Presidencia se haya reportado alguna alerta de esta naturaleza”.
- Asimismo, añadió que “tampoco recuerdo que en Presidencia se haya conversado en esa época de la existencia de algún conflicto de interés, porque uno estima que esos temas deben ser vistos por los espacios orgánicos del gobierno”.
- Sobre las “alertas específicas” que habrían emanado desde los Ministerios de Bienes Nacionales y de Cultura, aseveró que “como Presidencia no recibimos alerta alguna”.
- Luego, expresó su impresión personal: “Si algún organismo hubiese indicado con claridad que este proceso iba a tener consecuencias, el proceso debió haber sido detenido, no podía ocurrir. Lo que yo esperaría es que problemas de esta naturaleza no debían haber ocurrido”.
Conversaciones con Boric. Durán narró que el 2 de enero “en horas de la noche” recibió una llamada de Francisca Moya, jefa jurídica de la Segpres. “Me explicó que levantaron una alerta constitucional respecto del proceso de compraventa, le pedí detalles, y la pregunta que hice fue si se podía proseguir con el proceso” y señaló que se fijó una reunión para el día siguiente. “Desde ese momento me correspondió asumir la administración de la situación, buscando una opinión única”, dijo.
- La conclusión de esa reunión —a la que asistieron las ministras Aisén Etcheverry y Marcela Sandoval, además del director de la Secom, Pablo Paredes, y Moreno— fue que “el proceso de compra no podía continuarse porque aquello iba a activar inhabilidades constitucionales”.
- “Lo que a mí me consta es que en esta reunión nadie dijo que habían advertido previamente alguna consideración legal o constitucional”, remarcó.
- También, afirmó haber tenido diálogos con Boric al respecto.
- “Posteriormente fui informando al Presidente, solicitando su definición, la primera de ellas el 2 de enero en la noche, en la que el Presidente me exige en detalle los alcances de la situación, los cuales le doy con la información que tenía al momento, y el 3 de enero, cuando le reporto los temas técnicos, estando de acuerdo con la definición de detener el proceso”, declaró.
