Lo nuevo. Codelco decidió ampliar la querella interpuesta en el marco de la Trama Bielorrusa contra los abogados y exdiputados de la DC, Gabriel Silber y Aldo Cornejo. Ambos están vinculados al estudio de Mario Vargas y Eduardo Lagos, quienes fueron formalizados por el pago de coimas a la ahora ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco y su pareja Gonzalo Migueles.
- La empresa atribuye a Silber y Cornejo participación como coautores de soborno y autores de lavado de activos. También dirigió la ampliación de la acción judicial contra María Pía Peñaloza López, secretaria y jefa administrativa del estudio, por lavado de activos y complicidad en soborno.
- Hasta ahora, el caso estaba centrado en las imputaciones que ya involucraban a la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco, a su pareja Gonzalo Migueles, y a los abogados Vargas y Lagos, junto a otros formalizados en la investigación.
- La ampliación presentada por Codelco se extiende al círculo completo del estudio jurídico que litigó en representación de Belaz Movitec.
Un conflicto que se originó en Rajo Inca. El origen del caso se remonta a 2021, cuando Movitec se adjudicó un contrato con Codelco por US$242 millones para retirar 125 millones de toneladas de tierra y construir 20 kilómetros de camino en el proyecto Rajo Inca de la División El Salvador. Para ejecutar esas faenas, la empresa introdujo camiones bielorrusos Belaz, poco habituales en la minería chilena.
- Luego de incumplimientos, retrasos y la muerte accidental de un trabajador, Codelco puso término al contrato. A partir de ahí, el conflicto derivó en arbitrajes, lobby y una seguidilla de recursos judiciales impulsados por el Consorcio Belaz Movitec para recuperar maquinaria, boletas de garantía y pagos retenidos.
- Ese litigio escaló hasta la Corte Suprema. Según la querella original y su ampliación, la investigación apunta a que Vivanco intervino indebidamente en al menos cinco decisiones judiciales favorables al consorcio, entre ellos la sentencia del 4 de julio de 2023, la del 28 de septiembre de 2023 y resoluciones de febrero y marzo de 2024, que terminaron obligando a Codelco a restituir fondos y asumir costos adicionales. Solo por esos fallos, la estatal terminó pagando más de $12.112 millones, otros $4.415 millones por desmovilización y luego $1.026 millones por reajustes e IVA.
El caso de Gabriel Silber. Codelco sostiene que participó en reuniones estratégicas con representantes del consorcio y con los abogados del estudio; alegó personalmente recursos en representación de Belaz Movitec; y tuvo conocimiento directo del mecanismo de influencia sobre Vivanco a través de Gonzalo Migueles.
- La querella le atribuye especial relevancia a un episodio del 3 de julio de 2023, cuando, según el escrito, Silber estuvo presente en una llamada de WhatsApp en que Vivanco habría anticipado al abogado Eduardo Lagos que el resultado del recurso sería favorable al consorcio antes de que el fallo fuera oficialmente conocido.
- El texto agrega que Silber reconoció haber estado presente y que, tras esa llamada, Lagos dio instrucciones a Aldo Cornejo para comunicarse con Máximo Pacheco.
- La acción penal también sostiene que Silber recibió pagos provenientes de los honorarios obtenidos por el estudio a partir de los resultados judiciales favorables conseguidos por Belaz Movitec, lo que Codelco vincula al eventual lavado de activos. Entre ellos menciona una transferencia por $65 millones y otro pago adicional cercano a $20 millones.
- Silber había colaborado con la Fiscalía en calidad de “cooperador eficaz”. En ese rol había prestado declaración y entregado antecedentes sobre el funcionamiento interno de la trama, incluyendo presuntas presiones ejercidas desde la Corte Suprema para influir en decisiones judiciales.
- Su cooperación le había permitido enfrentar el proceso sin medidas cautelares más gravosas, en contraste con otros imputados, aportando información considerada relevante para acreditar delitos como cohecho, soborno y tráfico de influencias en el caso.
El caso de Aldo Cornejo. Codelco sugiere que, aunque no integraba formalmente “Lagos, Vargas & Silber”, en la práctica operaba como un socio de facto. Según la ampliación de la querella, fue él quien vinculó a Silber con Vargas y Lagos, quien llevó a Belaz Movitec como cliente al estudio y quien participó en reuniones estratégicas sobre la presentación del recurso de protección contra la estatal.
- La querella afirma que Cornejo, tras recibir información reservada sobre un fallo aún no notificado, escribió al presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, para advertirle que la Suprema acogería el recurso del consorcio. Incluso, según el texto, al responderle Pacheco, Cornejo reconoció que la información “no es oficial todavía”.
- Para Codelco aquello demuestra que tenía conocimiento anticipado e indebido de una resolución aún reservada. El propio Pachecho había dado a conocer públicamente que el ex diputado conocía el dictamen antes de ser informado.
- Además, el escrito dice que Cornejo recibió transferencias desde la cuenta del estudio luego de los pagos de honorarios efectuados por Movitec. Solo por la primera sentencia favorable, se mencionan abonos por $14,7 millones; y por el segundo fallo, otros $29,55 millones.
La jefa administrativa. La ampliación de Codelco también incorporó a María Pía Peñaloza, secretaria y jefa administrativa del estudio jurídico. La estatal sostiene que cumplió un rol relevante en la coordinación de operaciones para convertir dinero en pesos a dólares y en la entrega de fondos que, según la tesis investigativa, terminaron beneficiando a Migueles tras resoluciones favorables de la Suprema.
Telón de fondo. Codelco sostiene que los nuevos antecedentes recogidos en la carpeta investigativa permiten afirmar que Silber y Cornejo participaron concertadamente con Eduardo Lagos y Mario Vargas en pagos destinados a retribuir la intervención de Vivanco en causas favorables a Belaz Movitec. Y en el caso de Peñaloza, que colaboró de manera sostenida en la materialización y encubrimiento de esos pagos.
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