Los titulares de los poderes públicos de Brasil, encabezados por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cerraron filas este lunes contra los "actos terroristas" ocurridos el domingo en Brasilia, cuando miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema.
Los actos fueron condenados al unísono por la comunidad internacional, desde los gobiernos de Estados Unidos y Francia hasta Rusia y China.
"Me sorprendió lo que veo y lo que vi. Pero debo decirles que confío en Brasil. Confío en instituciones resilientes. Y estoy absolutamente convencido de que Brasil enfrentará esta situación con la responsabilidad adecuada", expresó el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.
Las autoridades brasileñas lanzaron desde la noche del domingo investigaciones para hallar a los responsables de los disturbios, que dejaron más de 300 detenidos, y a sus eventuales financiadores.
Además de empezar las labores de limpieza en el corazón de la democracia brasileña, la mañana del lunes también fueron desmantelados campamentos de bolsonaristas que desde hace dos meses exigían una intervención militar para impedir el regreso de Lula al poder.
El despeje respondió a una orden de un juez de la Corte Suprema para desocupar totalmente "en 24 horas" esas estructuras, levantadas frente a cuarteles militares por seguidores de Bolsonaro descontentos por su derrota ante Lula en el balotaje presidencial del 30 de octubre.
La Fiscalía General solicitó abrir inmediatamente investigaciones que lleven a la "responsabilización de los involucrados" en los ataques.