Una de las primeras víctimas de los llamados “papeles de Panamá” fue el primer ministro de Islandia, Sigmundur David Gunnlaugsson, quien se vio forzado a dimitir debido a la presión ciudadana y política tras ser mencionado en los documentos filtrados como dueño, junto a su esposa, de una sociedad en las Islas Vírgenes en la que depositaron casi 4 millones de dólares en bonos de los tres grandes bancos islandeses, hundidos en la crisis de 2008.

Gunnlaugsson, quien en un comienzo dijo que daría un paso al costado momentáneamente, finalmente dimitió de forma definitiva durante una reunión en la casa del presidente islandés, Olafur Ragnar Grimsson, a las afueras de Reikiavik. Tras el encuentro, Gunnlaugsson abandonó la residencia en un vehículo gubernamental. El expremier mantendrá su escaño en el Parlamento y la presidencia del Partido Progresista.

En su reemplazo asumió formalmente su compañero de partido Sigurdur Ingi Johannsson, exministro de Agricultura. El Partido Progresista y el Partido de la Independencia, en el poder desde 2013, habían acordado la noche del miércoles mantener su gobierno de coalición y adelantar las elecciones generales a otoño, sin fecha concreta, hasta después de completar puntos de su programa como la eliminación de los controles de capitales.

Dinero de vuelta a Islandia

El nuevo Ejecutivo que fue presentado ante el presidente islandés incluye un par de cambios: el ministro de Agricultura y Pesca será Gunnar Bragi Sveinsson, cuya cartera de Asuntos Exteriores será ocupada por Lilja Dögg Alfreðsdóttir, que ejercía como asesora económica del Gobierno. Sin embargo, estos movimientos políticos no han hecho desistir a quienes protestan contra el Gobierno, y para este jueves estaba convocada una nueva concentración en el centro de Reikiavik.

En una comparecencia en el Parlamento, el nuevo primer ministro Johannsson instó a los políticos implicados en las filtraciones de los documentos de Panamá y con compañías en paraísos fiscales a traer de vuelta su dinero a Islandia, aunque sostuvo que poseer sociedades offshore no tiene por qué ser ilegal. La oposición de centroizquierda anunció una nueva moción contra el Gobierno en el Parlamento, pero esta carece de perspectivas al gozar la coalición en el poder de una cómoda mayoría.

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