Este jueves, el Gobierno de Estados Unidos, a través de la Oficina del Representante Comercial (USTR), confirmó el aumento de aranceles para productos importados desde Chile.

De esta forma, los aranceles subirán entre un 10% y un 12,5%. En el caso de Chile, se aplicará el porcentaje más alto. 

El embajador Jamieson Greer tomó medidas definitivas sobre los "actos, políticas y prácticas de varias economías relacionadas con la falta de imposición y aplicación efectiva de una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso".

En total, 60 socios comerciales de EE.UU. se enfrentarán a esta nueva medida.

Sobre los aranceles para Chile, quedarán exentos los siguientes productos: uvas, kiwis, paltas, cítricos, arándanos y otras bayas; manzanas, membrillos y frutos secos; Vinos, jugos y pulpas de fruta; cobre; litio y minerales críticos.

Desde la USTR afirman que "el presidente Trump está pidiendo a todos sus socios comerciales que se unan a Estados Unidos para eliminar el trabajo forzoso de las cadenas de suministro globales".

Los socios comerciales que se hayan comprometido a adoptar y hacer cumplir eficazmente las prohibiciones de importación de trabajo forzoso tendrán un arancel del 10%, y los socios comerciales que no hayan adoptado una prohibición de importación de trabajo forzoso tendrán un arancel del 12,5%.

Gobierno responde a aumento de aranceles de EE.UU.

Desde la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, enfatizaron que "Chile cuenta con una sólida institucionalidad laboral, un marco regulatorio robusto y un firme compromiso con la prevención y erradicación del trabajo forzoso, respaldado por el cumplimiento de los convenios internacionales suscritos por el país en esta materia". 

"En ese contexto, el Gobierno de Chile considera que la aplicación de esta medida a nuestro país no se condice con estos estándares, ni con los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos presentados durante todo el proceso de esta investigación", manifestaron a través de un comunicado. 

En esta misma línea, acusaron que "la decisión se adopta en el marco de una investigación realizada conforme a la legislación interna de Estados Unidos, y no como resultado de una negociación bilateral entre ambos países."

De todas formas, precisaron que "esta medida responde a una política comercial de aplicación transversal y en ningún caso constituye una medida dirigida específicamente contra Chile".

Adicionalmente, expresaron que "desde el inicio de este proceso, Chile participó activamente en cada una de las etapas establecidas dentro de esta investigación y presentó, en coordinación con el sector exportador, los antecedentes técnicos, políticos y jurídicos que respaldan la posición del país".

"La resolución no sostiene que Chile exporte bienes producidos con trabajo forzoso ni identifica productos chilenos específicos bajo esa condición. La decisión responde a diferencias en la evaluación de los mecanismos regulatorios reconocidos como efectivos por la autoridad estadounidense", argumentó el Gobierno.

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