El pasado domingo cientos de centroamericanos, que conforman la caravana migrante, intentaron cruzar la frontera hacia Estados Unidos en el estado de Tijuana, México, lo que causó que los agentes del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras estadounidense repelieran el suceso utilizando gases lacrimógenos.
Tras este acontecimiento, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE) envió una nota diplomática a Estados Unidos solicitando una investigación exhaustiva por el uso de armas no letales en contra de alrededor de 500 integrantes de la caravana, entre ellos mujeres y niños.
“México reiteró su compromiso de continuar protegiendo en todo momento los derechos humanos y la seguridad de las personas migrantes”, indicó la SRE en un comunicado.
Posterior al intento de cruzar la valla divisoria en la frontera, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a que México deportara a todos quienes hayan participado de este intento de cruce ilegal.
Debido a ello, 98 migrantes fueron puestos a la disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) y posteriormente deportados desde México.