El viernes entró en vigor en España una ley destinada a frenar el maltrato y el abandono de animales, considerada por algunos como una de las más ambiciosas del continente europeo en ese terreno pero cuestionada por otros por algunas limitaciones.
La ley, aprobada el pasado mes de marzo, prohíbe la venta de perros, gatos y hurones en tiendas de animales, prohíbe el uso de collares electrónicos o punitivos para perros y obliga a esterilizar a los gatos a menos que tengan permiso de cría.
Los perros de caza y otros animales de trabajo usados en actividades como la tauromaquia quedan excluidos de la ley, lo que llevó a los socios de coalición del Gobierno, Podemos, a acusar a los socialistas en el poder de complacer al poderoso lobby de la caza, aunque terminaron apoyándola a regañadientes.
María Luisa Fernández, directora del área de animales pequeños de la Asociación Española de Veterinarios consideró el paso como fundamental para la legislación española y describió la ley como una de las más ambiciosas de Europa.
Aun así, Fernández dijo que la ley parecía haberse hecho con prisas y afirmó que había varios "cabos sueltos" que debían atarse, incluida la redacción sobre la eutanasia que podría impedir a veterinarios y propietarios sacrificar a mascotas enfermas si existe la posibilidad de cuidados paliativos.
Los veterinarios estarán ahora obligados a ofrecer tratamientos como diálisis o colocación de un marcapasos a las mascotas como alternativas a la eutanasia, medidas que no todos los propietarios podrán permitirse, dijo. "Hubiera sido mejor hacerlo más despacio y centrarse en la realidad como en los casos de eutanasia", agregó.
Más de 288.000 perros y gatos fueron abandonados en España en 2022, según la Fundación Affinity, con sede en Barcelona, creada por una empresa de cuidado de animales de compañía para promover los beneficios de las mascotas en la sociedad.
La ley obligará a los dueños de perros a hacer un curso sobre cómo cuidar a sus animales y a los propietarios a tener un seguro a terceros. Estas cláusulas no entrarán en vigor hasta que España forme un gobierno que pueda publicar los detalles concretos. En la actualidad, el país tiene un gobierno provisional tras unas elecciones sin claro ganador en julio.