Fue hace exactos 40 años que Rodrigo Anfruns, un niño de seis años, desapareció de la casa de sus abuelos. Un caso que inició una frenética búsqueda que movilizó al país y que terminó 11 días después, el 14 de junio de 1979, con el hallazgo de su cuerpo en un sitio eriazo, a solo metros de la vivienda, ubicada en la calle Juan Agustín Barriga, en la comuna de Ñuñoa.

A solo horas del hallazgo, Investigaciones aseguró que un menor de edad, de iniciales P.P.V. había reconocido su autoría en el crimen. Sobre el hecho que el cuerpo apareciera a solo metros de la casa de sus abuelos, en un sitio que había sido revisado decenas de veces, se aseguró que las matas de palqui, un arbusto de fuerte olor, habría ahuyentado a los perros que habían participado de la búsqueda. 

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En 1982, el entonces ministro en visita, Ricardo Gálvez Blanco, decidió cerrar la causa, asegurando que no se habría logrado acreditar el discernimiento del menor sindicado como autor del crimen. 

Desde entonces, el caso ha tenido varias reaperturas y cierres. Una de las más mediáticas, luego que se conociera el testimonio del oficial en retiro Jorge Rodríguez Márquez, quien asegura que vio a agentes de la CNI sacando el cuerpo de Rodrigo de un automóvil, para luego ingresarlo al sitio eriazo donde horas después sería encontrado. 

El relato motiva una solicitud de reapertura del caso, presentada por el abogado Roberto Celedón, quien asume la defensa de la familia. En su requerimiento, apunta a que sería un delito de lesa humanidad. Es en este contexto que surge un informe del tanatólogo Luis Ravanal, que cuestiona la versión oficial del caso, señalando que -producto de la ausencia de putrefacción en el cuerpo del menor y la rigidez con que se encontraba- su data de muerte habría ocurrido entre 36 a 48 horas antes de que fuera encontrado, y no 11 días como se dijo durante la dictadura. 

Luego, en 2011, se realizó una exhumación del cuerpo, tras lo cual se realizaron nuevos peritajes. Sin embargo, la toxicóloga Laura Borgel descartó torturas y aseguró que el menor habría estado cinco días agónico en el lugar donde se encontraron sus restos.

Tres años después, se realizó una nueva reapertura del caso. ¿En qué quedó la investigación?

Consultado por T13, el entonces ministro en visita y actual integrante de la Corte Suprema, Manuel Valderrama, explica que "la causa en este momento está en la etapa de sobreseimiento temporal de la investigación".

"Durante el tiempo en que la causa estuvo en mi poder se investigó si se cambiaba la verdad que había sido sostenida en la primitiva investigación. Esto es si en su época en que el niño de iniciales P.P.V había sido el autor de la muerte de Rodrigo, y por lo tanto se reabrió para ver si habían otros hechos o autores que habían producido la muerte del niño", comentó.

Valderrama asegura que mientras tuvo el caso, "se investigó, se interrogó a muchas personas e inclusive se encontró el expediente original que había desaparecido, y además se dieron lugar a todas las diligencias que pidió la parte de la familia y no se llegó a otra verdad respecto de la muerte de Rodrigo".

"Y por lo tanto, procedí a sobreseer la causa temporalmente, y esto significa que si llegasen a aparecer nuevos antecedentes, se puede reabrir la causa, se puede hacer las investigaciones, pero por supuesto que con otro juez", enfatiza.

Consultado sobre la sensación de la familia, que señala que no se ha hecho justicia, y respecto de que P.P.V sería inocente de un crimen cometido por organismos de seguridad de la dictadura, Valderrama es enfático: "Desde el punto de vista como persona, como papá, es comprensible el dolor que tiene la familia respecto de la muerte de un niño".

"Desde el punto de vista de un juez, uno tiene que investigar lo más acuciosamente posible, utilizando todos los medios que el estado proporciona para lograr determinar quién fue el autor de esa muerte, de ese homicidio, y de acuerdo con los antecedentes primitivos del expediente original en que el joven P.P.V. confiesa el crimen y de ahí que se mande al juzgado de menores de esa época, en que es declarado sin discernimiento, se remiten los antecedentes a la justicia de menores, y la causa criminal se sobresee. Una vez reabierta la causa se hacen todas las diligencias encaminadas a desvirtuar este hecho de que el P.P.V había sido el autor material de la muerte de Rodrigo. Se hacen todas las diligencias y ninguna de estas da un resultado que desvirtúe el hecho de que P.P.V fue el autor de la muerte. Y si uno habla de la verdad procesal, ahí está", responde. 

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Roberto Celedón -abogado de la familia de Rodrigo Anfruns Papi- rechaza la postura de la justicia: "Este joven de 16 años es imposible que lo haya tenido durante 10 días, bajo su cuidado. El seguía asistiendo al colegio, viviendo en su casa. El tenía cero condiciones para tener secuestrado a un niño, que desde el primer instante provoca el interés de todo el país, todo un país conmovido por el secuestro de un niño de seis años".

"Solo lo podía tener una organización y la única organización que a la fecha se conocía y que tenían experiencia en secuestros son los aparatos de seguridad en tiempos de dictadura", insiste. 

Y es que según el abogado, "de los antecedentes que se lograron establecer la versión más próxima es que hubo algún conflicto de intereses entre investigaciones y agentes de seguridad".

"Sin duda que es muy importante que el Estado de Chile, a través del Poder Judicial, establezca la verdad de los hechos, peor en la conciencia colectiva de nuestra sociedad, no tiene la menor duda que el niño fue víctima de la acción delictiva de agentes de Estado, como cientos de miles de casos en el Chile de esa época", finaliza.

 

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