La comunidad de Cahuala, ubicada en la isla de Chiloé, enfrenta una investigación penal por presuntos delitos de abuso sexual reiterado, trata de personas con fines de explotación laboral y asociación ilícita, en un caso que reúne testimonios de exintegrantes sobre las reglas internas del grupo y el control que habría ejercido su principal líder.
Según los antecedentes expuestos en Reportajes Teletrece, los principales investigados son Enrique Urrutia, fundador de la comunidad, y María Pinto, quienes debían enfrentar una audiencia de formalización ante el Juzgado de Garantía de Castro.
La investigación se mantiene bajo reserva debido a la naturaleza de los antecedentes. La audiencia fue postergada en dos ocasiones antes de la instancia realizada en octubre de 2026.
Las denuncias contra los líderes de Cahuala
Los antecedentes judiciales apuntan a presuntas conductas de abuso sexual reiterado y a posibles delitos relacionados con el funcionamiento interno de la comunidad.
En 2019, dos víctimas presentaron una querella por hechos que habrían ocurrido entre 1999 y 2015. Entre las acusaciones recogidas también figuran presuntos abusos sexuales contra menores de edad, antecedentes que deberán ser esclarecidos en el marco de la investigación.
Exintegrantes describieron una estructura de poder en la que Urrutia habría intervenido en las relaciones afectivas y sexuales de los miembros, además de establecer reglas sobre la convivencia y la crianza de los hijos.
Uno de los entrevistados, que dejó la comunidad y no forma parte de los querellantes, relató que el líder habría llegado a determinar encuentros entre hombres y mujeres. Otros testimonios describieron restricciones para mantener relaciones de pareja y para que algunas madres estuvieran cerca de sus propios hijos.
La investigación por trata de personas con fines de explotación laboral
Otro de los ejes de la causa es la presunta explotación laboral de integrantes de la comunidad.
Según el abogado de los denunciantes, algunas personas habrían trabajado durante años bajo contratos laborales, pero sin disponer libremente de los ingresos que generaban.
El profesional sostuvo que sus representados trabajaron durante aproximadamente 15 años y que recibían una mesada que rondaría los $40 mil mensuales. Además, afirmó que el control de los recursos económicos estaba en manos del líder y su pareja.
Los denunciantes también acusaron jornadas laborales extenuantes y un sistema en el que debían entregar sus remuneraciones.
La defensa cuestiona la vigencia de las acciones judiciales
Uno de los puntos discutidos en el caso es el tiempo transcurrido entre los hechos denunciados y la formalización de la investigación.
El abogado que representa al entorno de uno de los imputados sostuvo que, debido a que los hechos denunciados habrían ocurrido hasta 2015, la acción estaría prescrita.
En contraste, un abogado de la parte querellante afirmó que el tribunal acogió su postura respecto de la improcedencia de la prescripción con los antecedentes disponibles.
