El uso excesivo e innecesario de la fuerza por parte de la Carabineros es una de las principales críticas que hace a Chile el Informe 2016/17 de Amnistía Internacional, denominado “La situación de los Derechos Humanos en el mundo”, publicado en esta jornada.

El documento de 477 páginas, que aborda la situación de los derechos humanos en 159 países, destaca que en el país “se siguieron recibiendo denuncias de uso innecesario o excesivo de la fuerza por parte de la policía, sobre todo en el contexto de las protestas públicas. Entre las víctimas figuraban menores de edad, mujeres, periodistas y trabajadores y trabajadoras del Instituto Nacional de Derechos Humanos que actuaban como observadores”.

Dentro del ítem Perspectiva Regional relativo a América, se incluye al país entre las naciones donde mantiene esta forma de actuar, junto a Bahamas, Ecuador, El Salvador, Jamaica, México, Perú, República Dominicana y Venezuela.

El tema vuelve a aparecer en el capítulo particular de Chile, cuando se refiere a los derechos de los pueblos indígenas.

Ahí se señala que la comisión creada para investigar la violencia en La Araucanía no investigó “las constantes denuncias de uso excesivo de la fuerza y de detenciones arbitrarias durante las operaciones policiales contra las comunidades mapuches", porque no estaban dentro de su competencia.

Nueva constitución y aborto

El texto recalca la consulta ciudadana que se realizó para discutir las temáticas de la nueva Constitución, que reemplazaría la actual, promulgada bajo dictadura y que, como apunta el informe, contiene “varias disposiciones que no se ajustaban al derecho internacional de los derechos humanos”.

También se cita como un aporte la creación de la subsecretaría de Derechos Humanos.

El informe subraya la querella que interpuso el Instituto Nacional de DD.HH. para que se siga investigando la desaparición forzosa de José Huenante, en 2005, además de las condenas de prisión contra los dos ex militares que torturaron al general Alberto Bachelet, las manifestaciones de la sociedad civil para oponerse a la obtención de libertad a los juzgados por crímenes contra los DD.HH. y la ley que tipifica la tortura como delito.

En cuanto al acápite de los derechos de las mujeres y de las niñas, la investigación critica que “el aborto seguía tipificado como delito en todas las circunstancias” y que las mujeres “corrían peligro de ser acusadas penalmente tras ser denunciadas a las autoridades por profesionales de la salud”. Agrega que sigue debatiéndose sobre la despenalización del aborto.

Por último, valora que el proyecto de ley de identidad de género pasara el trámite en la Comisión de DD.HH. del Senado.

Lea acá el informe completo de Amnistía Internacional:

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