La Cámara de Diputadas y Diputados despachó a promulgación un proyecto de ley que busca reducir la evasión en el transporte público, mediante un sistema de mayor fiscalización y aumento de sanciones para quienes no paguen la tarifa correspondiente.
El proyecto, conocido como “Paga tu pasaje”, fue aprobado por la Cámara con 145 votos a favor y dos abstenciones, tras incorporar las modificaciones del Senado.
De acuerdo a lo que informó la Camara de Diputadas y Diputados, uno de los cambios más relevantes del proyecto es la implementación de una tarifa recargada. Esto significa que el pasajero que sea sorprendido sin pagar deberá abonar un monto mayor al habitual para poder continuar el viaje, evitando así quedar registrado en el Registro de Evasores del Transporte Público, cuyos efectos incluyen la suspensión de la entrega de la licencia de conducir, la retención de la devolución de impuestos, entre otros.
El proyecto establece además que quien ingrese por las puertas traseras sin autorización será presumido de evasión y sancionado.
La fiscalización estará a cargo de Carabineros, inspectores fiscales y municipales, así como del personal de Metro, EFE y prestadores de transporte público. Para la identificación de infractores se autoriza el uso de autentificación biométrica y, en caso de negativa a declarar domicilio, Carabineros podrá trasladar al pasajero a una unidad policial para su verificación.
Sanciones y cambios administrativos para evitar evasión en el transporte público
Las multas por evasión, que actualmente se tramitan ante los juzgados de policía local, pasarán a ser gestionadas por la División de Fiscalización de la Subsecretaría de Transportes. Quienes paguen la multa dentro de los 20 días hábiles posteriores a la notificación podrán acceder a un 50% de descuento, mientras que los que no cumplan ni impugnen deberán cancelar el monto máximo.
La ley amplía además los efectos de figurar en el Registro de Evasores, incorporando restricciones adicionales: acceso a espectáculos de fútbol profesional, denegación de pasaportes y limitación en la entrega de permisos de residencia. Asimismo, se extiende la vigencia de estas medidas de tres a cinco años.
Entre las modificaciones del Senado, se estableció que los infractores deben ser notificados de la falta y que la suspensión del beneficio de rebaja o exención de tarifa durará entre uno y dos años, según la gravedad y repetición de la infracción. Además, los entes fiscalizadores deberán elaborar un plan anual de control, y los reclamos se tramitarán en el juzgado de policía local de la comuna donde ocurrió la infracción.
Durante la discusión, los parlamentarios destacaron que la iniciativa busca disminuir la evasión, que actualmente alcanza cerca del 40%, generando un costo superior a los US$100 millones al año, afectando tanto al transporte público como a los pasajeros cumplidores y al fisco.
En representación del Ejecutivo, el ministro de Transportes, Louis De Grange, respaldó la medida y subrayó que el control de la evasión es un objetivo compartido transversalmente. Además, anunció que las futuras licitaciones incluirán cabinas protectoras para conductores y reafirmó el compromiso de fortalecer el transporte regional y rural.
