Disparos contra locales comerciales, amenazas de muerte y cobros de dinero forman parte del accionar atribuido a Los Pana de Oro, una banda acusada de extorsionar a pequeños comerciantes de la zona sur de Santiago.
La organización concentra sus acciones en comunas como San Miguel, La Granja, San Ramón y El Bosque. Sus principales víctimas serían dueños de negocios y trabajadores extranjeros, a quienes les exigen pagos mensuales, conocidos como "vacunas", a cambio de no atacar sus locales ni amenazar a sus trabajadores.
Quienes se niegan a entregar dinero enfrentan represalias que incluyen balaceras, intimidaciones directas y ataques contra sus propiedades.
Disparos y ataques para exigir pagos
Los integrantes de la banda se desplazan en motocicletas o vehículos para disparar contra las fachadas de los negocios y los automóviles de los comerciantes.
También hay registros de sujetos que rocían camiones y propiedades con líquidos acelerantes para iniciar incendios. Los atacantes graban parte de estas acciones y luego envían los videos a las víctimas para reforzar las amenazas.
La violencia busca presionar a los comerciantes y obligarlos a cumplir con los pagos exigidos. El temor a nuevos ataques también afecta a los trabajadores de los locales amenazados.
"El que no se comunica está muerto"
Las amenazas no se limitan a los ataques contra las propiedades. La banda también utiliza mensajes de texto y audios enviados por aplicaciones de mensajería para exigir contacto con sus integrantes y advertir sobre posibles represalias.
"El que no se comunica con el Pana de Oro está muerto, maldito. Comuníquense ya", dice uno de los mensajes atribuidos a la organización.
En otra comunicación, la amenaza apunta directamente contra los locales y sus trabajadores: "Nos metemos para la tienda y los atacamos, le hacemos un desastre. Si es posible, matamos a un trabajador".
Los mensajes incluyen fotografías y videos de armas, además de registros de personas siendo torturadas, con lo que intentan demostrar la capacidad de violencia de la banda e intimidar a quienes se resisten a pagar.
En algunos casos, las amenazas continúan después de que los comerciantes presentan una denuncia ante las autoridades. La presión también incluye nuevas exigencias de dinero por montos superiores a los iniciales.
Dos ciudadanos venezolanos vinculados a la agrupación fueron detenidos tras un enfrentamiento a disparos con personal municipal en San Miguel.
Posteriormente, ambos fueron formalizados por extorsión y homicidio frustrado, en una causa que los vincula con balaceras contra comerciantes de La Granja.
El temor a sufrir represalias lleva a algunos comerciantes a guardar silencio y no acudir a las autoridades. Otros han cerrado sus negocios o abandonado Santiago para alejarse de las amenazas.
