Un nuevo giro se originó en el caso contra la empresa Probarte Banquetería SpA, cuya dueña debía cumplir con la medida cautelar de prisión preventiva ante el delito de estafa contra parejas que iban a contraer matrimonio en Viña del Mar, en la Región de Valparaíso.
Fue en febrero de este año, cuando la propietaria de la empresa, Natalia Álvarez, pagó la fianza de $5 millones para quedar en libertad, lo cual fue apelado por el Ministerio Público por el peligro de fuga.
Ante esto, la Corte de Apelaciones acogió el requerimiento y ordenó la prisión preventiva contra la imputada por el delito de estafa reiterada.
El Ministerio Público determinó que las víctimas fueron parejas que organizaron su matrimonio y en total, se estiman en cerca de $120 millones estafados y 60 víctimas.
Banquetera formalizada por estafa se encuentra prófuga
De acuerdo a información de La Tercera, en los tres días en los que la Corte de Apelaciones de Valparaíso se tardó en revocar su libertad tras el pago de la fianza y decretar la medida cautelar de prisión preventiva, no se pudo dar con el paradero de la imputada y continúa prófuga.
De esta forma, el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentran realizando las diligencias correspondientes para dar con su paradero.
La madre de la imputada, Julia Murillo, interpuso un recurso de protección por vulneración de derechos, donde dio a conocer que la PDI llegó hasta su domicilio en Casablanca en julio para preguntar por su hija y respondió que no se encontraba en la vivienda.
Sin embargo, la PDI habría registrado la casa y según el recurso de Murillo, al día siguiente fue abordada por funcionarios de la institución, que registraron su auto. Según su relato, también habría sido seguida hasta un supermercado y fue abordada nuevamente en su casa.
El recurso de protección señala que "resulta de extrema gravedad que, durante estos allanamientos y actuaciones ejecutadas sin exhibir orden judiciales habilitante, los funcionarios de la PDI han amedrentado y atemorizado a los nietos menores de edad de mi representada".
Desde la PDI argumentaron que "las diligencias se realizaron conforme a la ley y en el marco de una investigación legítima, no existiendo exceso ni abuso de poder bajo ningún aspecto".
Por otra parte, desde el Ministerio Público defienden que "el ingreso se hizo en cumplimiento de una orden judicial de detención y las molestias que supuso su ejecución son inherentes al trámite realziado".
Mientras tanto, el Juzgado de Garantía de Viña del Mar dictó la sentencia contra José Galarce, la pareja de Natalia Álvarez, quien fue condenado a 300 días de cárcel, que fueron sustituidos por la libertad vigilada, además del pago de una multa de 5 UTM.
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