La cadena de gimnasios Energy Club confirmó el término de sus operaciones, tras enfrentar un complejo escenario financiero que se arrastraba desde hace varios años y que provocó procesos de reorganización judicial y acciones legales de sus acreedores.
En las últimas horas, la empresa comenzó a informar a sus socios a través de sus redes sociales que “por motivios operacionales, el club permanecerá cerrado”, mensaje que fue replicado en las distintas sedes del gimnasio.
“Agradecemos su comprensión y lamentamos las molestias que esta situación pudiera ocasionar”, concluyó la publicación dirigida a los usuarios.
Cadena de gimnasios Energy Club cierra sus puertas
Posteriormente, la información fue confirmada por el medio Emol, que tuvo acceso a un comunicado de la compañía en el que se explica la decisión de poner término a las operaciones luego de “años de esfuerzo”.
En el escrito, la firma sostuvo que mientras existieron alternativas reales de continuidad, se mantuvo la operación y la atención a sus clientes. Sin embargo, agregaron que dichas opciones no lograron concretarse dado el nuevo escenario competitivo y mayores costos operacionales, entre otros factores, lo que derivó en la “solicitud de liquidación”.
Un proceso financiero que se arrastraba desde 2019
Los problemas económicos de la compañía se remontan al 2019, periodo en el que comenzaron a evidenciarse dificultades que se profundizaron durante la pandemia.
En ese contexto, en junio de 2025 la empresa alcanzó un acuerdo de reorganización judicial, el que posteriormente fue modificado en enero de 2026 con el objetivo de dar viabilidad a sus operaciones.
Sin embargo, en abril pasado, el medio Pulso informó que el Banco Bci presentó una demanda contra Energy Club, solicitando su liquidación por supuestos incumplimientos del plan de reorganización, particularmente en el pago de cotizaciones previsionales.
Según la acción judicial, hasta febrero la empresa había pagado cerca de $52 millones por este concepto, pese a que el monto total ascendía a $240 millones. A ello se sumaban obligaciones impagas por IVA y un convenio vigente con la Tesorería General de la República por $1.363 millones.
Además, el banco acusó que si bien los acreedores habían acordado prorrogar el pago de intereses devengados hasta el 30 de marzo, dicho compromiso no habría sido cumplido.
Pese a ello, la entidad financiera manifestó su disposición a evaluar una eventual propuesta que permita dar continuidad o viabilidad a la cadena de gimnasios.
